Durante buena parte del gobierno, el ELN fue visto como un interlocutor posible. La apuesta por la negociación ocupó un lugar importante en la estrategia de seguridad nacional. Hoy el panorama es distinto. La mesa está congelada, la confianza es mínima y el margen político para reabrir un proceso formal en lo que resta del mandato ya es estrecho. Eso cambia el cálculo estratégico.
La reciente conversación entre Bogotá y Washington, y la posibilidad de cooperación en materia de seguridad en la frontera, no deben leerse solo como gestos diplomáticos. Son señales de un reposicionamiento. Si la negociación pierde viabilidad, la presión militar, judicial y financiera pasa a ocupar el lugar principal en la política frente al ELN. Pero esa transición no es automática ni sencilla.
Primero, porque el ELN no es una estructura concentrada en un solo territorio. Tiene presencia en múltiples departamentos y una dinámica fronteriza compleja. Segundo, porque cualquier estrategia que dependa de la coordinación con Venezuela enfrenta incertidumbres evidentes: capacidades operativas, confianza mutua y sostenibilidad a largo plazo.
Más allá de los anuncios, la frontera colombo-venezolana sigue siendo un espacio poroso. Los grupos armados se adaptan con rapidez: se repliegan, fragmentan estructuras, modifican los corredores y diversifican las fuentes de financiamiento. Las ofensivas pueden generar impactos tácticos importantes, pero sostener resultados estratégicos exige algo más difícil: presencia estatal permanente y control territorial efectivo. Ese ha sido históricamente el eslabón débil.
Además, el ELN de hoy combina la dimensión política con un fuerte anclaje en las economías ilegales. Narcotráfico, minería ilegal y control de rutas transfronterizas son hoy tan determinantes como cualquier discurso ideológico. Esa estructura de incentivos no desaparece con el congelamiento del diálogo.
La historia reciente muestra que estos ciclos tienden a producir ajustes tácticos más que desenlaces definitivos. Golpes militares alteran equilibrios, presionan mandos y generan reacomodos, pero no necesariamente desmantelan estructuras que han aprendido a operar en entornos de alta presión.
La discusión pública suele oscilar entre dos extremos: diálogo total o guerra frontal. Sin embargo, el problema del ELN no se agota en esa dicotomía. Se trata de control territorial, de economías ilícitas y de debilidad institucional en zonas periféricas donde el Estado ha sido intermitente.
El país podría entrar en una fase de mayor confrontación sin que ello implique la resolución del conflicto con el ELN. La pregunta clave no es si habrá más presión, sino si esa presión estará acompañada de una estrategia de estabilización que vaya más allá de este periodo presidencial. Sin esa dimensión estructural, el riesgo es repetir un patrón conocido: ciclos de ofensiva, de adaptación armada y de persistencia territorial. Y ese es un desafío que trasciende esta coyuntura.
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