Colombia inicia 2026 con un dato que debería prender las alarmas: en el país operan hoy más de 27.000 integrantes de grupos armados organizados, la cifra más alta desde la firma del Acuerdo de Paz. No es un repunte aislado, sino un crecimiento sostenido —23,5 % en un solo año— que revela una tendencia clara: mientras el Estado no logra convertir su estrategia en un control real del territorio, los grupos armados continúan expandiéndose, reclutando y afianzando su poder.
Este fortalecimiento no es homogéneo ni improvisado. De acuerdo con el más reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz, el Clan del Golfo, las disidencias y otras estructuras armadas han logrado recomponerse pese a la ofensiva militar, a las mesas de diálogo y a los mecanismos de sometimiento individual. El resultado es un ecosistema criminal más robusto, con una mayor capacidad de reclutamiento, redes de apoyo ampliadas y nuevas formas de control social. El crecimiento no se limita a los hombres en armas: las redes de apoyo —clave para la vigilancia, la regulación de la vida cotidiana y la imposición de normas— aumentaron aun más rápido.
El segundo dato es territorial. En 2025, las zonas en disputa armada llegaron a 13, casi el doble que al inicio del actual gobierno. Este no es un simple mapa de enfrentamientos: es la evidencia de que amplias regiones del país viven bajo esquemas de gobernanza criminal. Allí, el poder no se ejerce solo con fusiles, sino también mediante el control de la movilidad, la presión sobre los liderazgos sociales, la regulación de economías legales e ilegales y el disciplinamiento comunitario. La violencia es selectiva, instrumental y, muchas veces, invisible en las estadísticas tradicionales.
De hecho, uno de los errores más persistentes del debate público es medir la seguridad casi exclusivamente a partir de los homicidios. En 2025, estos aumentaron apenas un 3 %, lo que podría interpretarse —de forma equivocada— como estabilidad. Pero en paralelo, el país registró un incremento histórico en desplazamientos, confinamientos, secuestros y ataques contra la fuerza pública, así como un uso intensivo de nuevas tecnologías armadas, como drones con explosivos. Menos muertos no significa más seguridad; en muchos territorios significa que el control armado se volvió más eficiente y menos visible.
¿Dónde queda el Estado en este escenario? La respuesta es incómoda. Aunque las operaciones de la Fuerza Pública aumentaron, su impacto estratégico ha sido limitado. La respuesta sigue siendo, en gran medida, reactiva, con serias dificultades de inteligencia, de anticipación y de coordinación interinstitucional. La reactivación de bombardeos y otras acciones de alto impacto no ha logrado debilitar sustancialmente a grupos cada vez más fragmentados, móviles y adaptativos.
El balance es claro: Colombia no enfrenta solo un problema de violencia, sino también de capacidad estatal. Si no se corrige el desfase entre el diagnóstico, la estrategia y el control territorial, el próximo gobierno heredará un escenario aún más complejo: más grupos, más control ilegal y menos Estado.
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