Más del 35% de los colombianos considera que el principal problema del país en este momento es el orden público (Invamer, noviembre de 2025). Esta percepción supera ampliamente a quienes señalan el desempleo o la economía (19%) o la corrupción (11%). En la actual campaña presidencial hablar de seguridad no será una opción; será una obligación. En este contexto, ¿qué deberíamos tener en cuenta al evaluar una estrategia de seguridad que permita recuperar la confianza ciudadana? Al menos seis asuntos deberían estar en el radar.
Primero, se necesitan programas de gobierno que recuperen las capacidades estratégicas y operativas del Estado, por encima de la multiplicación ciega de discursos de guerra. Un punto esencial de un buen plan para los próximos cuatro años es el fortalecimiento de la inteligencia, incluida la cooperación entre las diversas agencias con las que cuenta el país. El mensaje aquí es poderoso: los ciclos de debilitamiento institucional sólo contribuyen al incremento de la violencia asociada al crimen organizado; por tanto, impedir que el deterioro sea progresivo es una tarea esencial.
Segundo, es indispensable que las propuestas estén fundamentadas en diagnósticos sólidos y respaldadas por evidencia. Las políticas deben hablar el lenguaje de los datos. La información debe permitir priorizar los problemas, sustentar las acciones estatales en evidencia y evaluar sus efectos. Para ello es necesario articular múltiples fuentes (Medicina Legal, Defensoría del Pueblo, Invamer, Procuraduría) y comprender también las percepciones ciudadanas sobre lo que preocupa en materia de seguridad.
Tercero, las campañas deben resaltar la relación entre seguridad y desarrollo, no plantearlas como una dicotomía. La inseguridad afecta directamente la construcción de nuevas vías, las dinámicas de la economía local y la materialización de inversiones privadas. Además, en territorios considerados estratégicos será necesario combinar operaciones militares y policiales con inversión social, infraestructura, educación y programas para jóvenes.
Cuarto, es urgente un reconocimiento explícito de la multicriminalidad y de los mercados ilícitos. El próximo gobierno deberá comprender fenómenos criminales interconectados: narcotráfico, minería ilegal, contrabando, logística criminal, corrupción penitenciaria, lavado de activos, entre otros. Analizarlos de manera aislada impide establecer conexiones esenciales para enfrentar las estructuras que los sostienen.
Pero incluso con un diagnóstico completo de las economías criminales, nada será posible sin una apuesta por la gobernanza multinivel. Sin alcaldes, gobernadores y organizaciones gremiales como Asocapitales o Fedemunicipios, no hay seguridad posible. La paz y la convivencia deben ser resultado del funcionamiento de un sistema, no de un decreto presidencial dictado desde oficinas en la capital, a espaldas de las realidades territoriales.
Y finalmente, el próximo gobierno deberá proponer una forma clara y verificable de medir sus resultados. Sin métricas, los gobiernos administran sensaciones, no realidades. Algunas preguntas que podremos plantear a los candidatos son: ¿qué porcentaje de reducción de la extorsión consideraríamos un éxito? ¿Qué significa “control territorial” en términos medibles? ¿Cuántos territorios priorizados se intervendrán y en qué secuencia? ¿Cómo se verificará la disminución de las rentas criminales?
En esta campaña presidencial Colombia no necesita más diagnósticos de su miedo, sino un consenso mínimo sobre cómo reconstruir capacidades estatales que garanticen vida, justicia y dignidad. En 2026, la seguridad no puede ser una promesa más: debe ser una apuesta verificable que nos devuelva la confianza en las instituciones y nos brinde la tranquilidad de vivir en paz y sin miedo.
Otros escritos de este autor: https://noapto.co/cesar-herrera-de-la-hoz/
