Lo que hoy sabemos sobre los nexos entre las disidencias de las FARC —lideradas por alias Calarcá— y funcionarios del Gobierno no es un “escándalo”. Es algo muchísimo más grave: es la evidencia de que otra vez una estructura narcotraficante logró penetrar el poder ejecutivo del Estado colombiano, influir, conversar, negociar y moverse con una comodidad que en cualquier democracia seria sería impensable.
Y esto ocurre justo cuando el país está a las puertas de unas elecciones. No es coincidencia. Es estrategia.
Las disidencias nunca renunciaron a su proyecto político. Su negocio es la violencia, pero su ambición siempre ha sido el poder. Por eso infiltrar un Gobierno es para ellos más rentable que un ataque armado: les permite acceder a información, condicionar decisiones y, sobre todo, modificar la dinámica territorial en plena contienda electoral.
El problema es que esta infiltración no habría sido posible sin permisividad, ingenuidad o complicidad desde adentro. No hay forma elegante de decirlo: si un grupo armado logra relacionarse con funcionarios, es porque dentro del Gobierno alguien abrió la puerta.
Colombia ha tolerado todo tipo de escándalos, pero este toca la raíz del sistema democrático. ¿Por qué? Porque un Gobierno infiltrado no puede garantizar unas elecciones libres, punto. No puede ser árbitro. No puede ser garante. No puede ser neutral. Y el país está entrando a una contienda donde cada municipio en riesgo —que ya son más de un tercio— puede ser decisivo.
¿Quién asegura ahora que los movimientos de fuerza pública no fueron filtrados? ¿Quién garantiza que decisiones presupuestales no fueron orientadas? ¿Quién puede afirmar que los grupos armados no obtuvieron información estratégica sobre zonas electorales? ¿Quién puede asegurar que la presencia institucional en regiones bajo dominio criminal no fue “negociada”?
Nadie. Porque el Estado ha perdido la autoridad moral para pedir confianza cuando ni siquiera pudo blindarse a sí mismo.
Y lo más indignante es la respuesta oficial: minimizar, normalizar, disfrazar de “contactos informales” lo que en cualquier país sería una traición institucional. ¿Desde cuándo conversar con disidencias armadas es un descuido administrativo? ¿Desde cuándo pactar con alias Calarcá es parte del libreto burocrático?
Este no es un error: es un síntoma de decadencia estatal.
Y que esto ocurra en año electoral es dinamita. Porque las disidencias saben perfectamente que las elecciones son el momento en que el Estado es más vulnerable, más manipulable y más incapaz de reaccionar rápidamente. Infiltrar un Gobierno justo antes de una contienda es la jugada perfecta para un actor armado que quiere recuperar poder político sin tener que desmovilizarse ni someterse.
Hoy la pregunta no es si el Gobierno sabía. La pregunta es cuánto sabía. Y la segunda pregunta es aún más peligrosa: ¿qué hicieron cuando se enteraron?
Porque lo que ya es claro es que las disidencias no solo están avanzando territorialmente, sino institucionalmente. Y un Estado infiltrado es un Estado sin autoridad. Un Estado que negocia en la sombra con quien mata, secuestra y extorsiona es un Estado que ha perdido el rumbo.
Por eso este no es un escándalo más: es una advertencia brutal de que estamos dejando que los enemigos de la democracia participen en la democracia por la ventana, con acceso privilegiado a quienes deberían estarlos combatiendo.
Y si no reaccionamos ahora, no nos sorprendamos cuando despertemos en un país donde las elecciones ya no las gana la voluntad ciudadana, sino la capacidad de un grupo armado para infiltrarse en el poder.
Otros escritos de esta autora: https://noapto.co/ximena-echavarria/
