Cada 25 de noviembre asistimos a las mismas escenas. Entre otros actos públicos, se emiten comunicados oficiales, los noticieros transmiten notas conmemorativas, se difunden diversas campañas en redes sociales y se multiplican los actos simbólicos. No es para menos. Como cada año, el calendario nos indica que es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y, sin embargo, lo esencial sigue pendiente. Porque lo que se necesita no es un gesto, sino políticas efectivas. No es un pronunciamiento, sino una respuesta institucional clara, sostenida y real.
Colombia ha avanzado. Hoy existen leyes, fiscalías especializadas, rutas de atención y líneas de ayuda. Pero aún estamos lejos de garantizar una protección efectiva. En 2024, más del 74% de la violencia intrafamiliar reportada tuvo como víctimas a mujeres, mientras que en los casos de delitos sexuales representaron más del 81%, según datos del Ministerio de Defensa. No son solo datos. Detrás de cada cifra se puede rastrear una historia ignorada, una advertencia no atendida o una mujer desprotegida por un sistema que no llega o, cuando llega, lo hace tarde.
La violencia contra las mujeres no es un asunto doméstico. Tampoco es competencia exclusiva del sector justicia. Es un problema amplio que involucra asuntos de seguridad ciudadana, salud pública, equidad y derechos humanos. Aunque es, sobre todo, un espejo de las jerarquías de poder que seguimos sin desmontar. Y así, mientras no se garantice el derecho básico a vivir sin miedo, cualquier discurso sobre desarrollo, democracia o convivencia será incompleto.
El 25 de noviembre no puede seguir siendo solo una fecha para pronunciar discursos. Tendría que ser un punto de quiebre. ¿Cómo se están ejecutando los presupuestos con enfoque de género? ¿Dónde está la articulación real entre los niveles de gobierno? ¿Dónde están las campañas que conectan con la gente y transforman sensibilidades? ¿Dónde están las decisiones que demuestran que esto es una prioridad y no una tarea más?
Nada de esto se resuelve con una flor naranja. Necesitamos decisión política, presupuesto, funcionarios formados, justicia accesible y un sistema que escuche desde el primer momento. Porque si una mujer tiene que vivir con miedo, la sociedad entera está fallando.
El país no puede normalizar esta violencia ni seguir aplazándola en la agenda. La seguridad y la democracia no son posibles si las mujeres siguen siendo víctimas invisibles. Y mientras la violencia sea rutina, la deuda sigue viva. Tan viva como la indignación que deberíamos sentir cada día que no hacemos lo suficiente.
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