La reciente revocatoria de la condena contra Álvaro Uribe Vélez por parte del Tribunal Superior de Bogotá ha sido celebrada en ciertos sectores como una reivindicación de la justicia. Sin embargo, la forma en que algunos medios han narrado esta decisión —como la editorial de No Apto que motiva esta réplica— revela más que una simple lectura jurídica: expone una arquitectura discursiva que, bajo el ropaje de la institucionalidad, opera como blindaje simbólico a una de las figuras más poderosas y controvertidas del país.
Soy columnista de No Apto desde que se fundó. Conozco y concuerdo con los principios que promueve. Y, en ese sentido, me permito aproximarme a un análisis discursivo de la editorial.
La editorial adopta la versión del Tribunal, presentando sus argumentos como verdades absolutas. Recoge que “los magistrados concluyeron que la jueza Sandra Liliana Heredia construyó una teoría del caso propia, apartada de los hechos y de las pruebas legítimamente incorporadas al proceso”. Esta frase, que parece técnica, encierra una falacia de descalificación: ¿acaso no es esa la labor de un juez? ¿No consiste precisamente en interpretar los hechos y valorar las pruebas para construir una narrativa jurídica coherente? Descalificar esa labor como “subjetiva” o “retórica” sin analizar su contenido es, en sí mismo, un acto retórico.
Más preocupante aún es el uso de expresiones como “interceptaciones dudosas”, “testimonios contradictorios” y “reconstrucción subjetiva”. Estas no son afirmaciones neutras: son juicios valorativos que el texto presenta como hechos. Al hacerlo, incurre en una falacia de autoridad, donde la voz del Tribunal se convierte en dogma y la jueza Heredia queda reducida a una caricatura de parcialidad. El lenguaje aquí no describe: sentencia.
La editorial también afirma que “la justicia no puede ser un escenario para ajustar cuentas políticas ni para legitimar prejuicios”. Esta frase, que apela a la moral institucional, funciona como inversión retórica: se acusa a la jueza de actuar con sesgo, mientras se absuelve simbólicamente a Uribe de cualquier carga política. Se invoca la “autoridad moral” de la justicia, pero solo cuando el fallo favorece a quien ya concentra poder. ¿No es eso, precisamente, una forma de ajuste simbólico?
En esa misma línea, se concluye que “el ejercicio judicial exige rigor, neutralidad y respeto por las garantías procesales”. Nadie lo discute. Pero ¿por qué se asume que esos principios fueron vulnerados únicamente en la primera instancia? ¿No merece igual escrutinio la actuación del Tribunal? Presentar la segunda instancia como ejemplo de rigor y neutralidad, sin someterla al mismo análisis crítico, revela una doble vara. La neutralidad no se proclama: se demuestra y se exige en todas las direcciones.
Además, la frase “sin pruebas válidas no hay culpa posible” encierra una petición de principio. El debate precisamente gira en torno a qué pruebas son válidas y quién lo decide. Al usar esta afirmación como cierre argumentativo, la editorial clausura la discusión y convierte la presunción de inocencia en presunción de impunidad.
También se omite un elemento crucial: el contexto político. Álvaro Uribe no es un ciudadano cualquiera. Es un expresidente, un actor central en la historia reciente del país, y su figura divide profundamente a la sociedad colombiana. Ignorar ese contexto es ignorar cómo el poder —simbólico, mediático, judicial— opera en los procesos de justicia. La editorial silencia este trasfondo, como si el caso se tratara de un ejercicio técnico, aséptico, ajeno a las tensiones sociales que lo atraviesan.
Conviene recordar que la decisión del Tribunal Superior de Bogotá no fue unánime. La magistrada María Leonor Oviedo Pinto se apartó del fallo, argumentando que la conducta de Álvaro Uribe sí configuraba los delitos investigados y que las grabaciones debieron ser admitidas como evidencia. Este disenso no es menor: revela que incluso dentro del órgano que revocó la condena hay interpretaciones divergentes sobre los hechos y las pruebas. Invisibilizar esa diferencia —como lo hace la editorial original— contribuye a una narrativa de unanimidad institucional que no existió. El desacuerdo de Oviedo es un recordatorio de que la justicia también se construye en el debate y que el disenso judicial es parte legítima del rigor democrático.
Como ciudadana respetuosa de las instituciones, creo en el debido proceso y en la presunción de inocencia. Pero también creo en el derecho a cuestionar las narrativas que, bajo el manto de la legalidad, refuerzan estructuras de impunidad. La justicia no solo se ejerce en los tribunales; también se disputa en el lenguaje, en los medios, en la opinión pública. Y cuando ese lenguaje se vuelve cómplice del poder, es deber de la ciudadanía levantar la voz.
Hoy, más que nunca, necesitamos una justicia que no solo sea técnica, sino también ética. Una justicia que no tema incomodar al poder. Una justicia que no se limite a repetir que “sin pruebas válidas no hay culpa”, sino que se pregunte: ¿quién define qué pruebas son válidas y desde dónde?
A esperar, sí. Pero también a pensar, a debatir, a decir “lo que no quieres escuchar”.
Otros escritos de esta autora: https://noapto.co/maria-antonia-rincon/
