El próximo 28 de julio será un día histórico para Colombia. Es la fecha en que la juez 44 penal del circuito de Bogotá, Sandra Heredia, dictará su providencia en favor o en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Por primera vez en la historia de nuestra democracia bicentenaria, un hombre que ocupó la más alta dignidad del Estado llega a una instancia procesal definitiva, al punto que podría ser condenado.
Independientemente de lo que se conozca en la audiencia del próximo lunes, este proceso novelesco y, a mi criterio, viciado en algunos aspectos, no terminará con la sentencia de primera instancia que promulgue la togada. Casi con toda seguridad, las partes acudirán a una segunda instancia, en la que otro juez tendrá el deber de refrendar o desvirtuar la decisión de este primer tribunal. Así, el país arrancará un nuevo capítulo de este enrevesado litigio que cumple ya más de diez años y que empezó con Uribe del otro lado del estrado.
El proceso judicial contra Álvaro Uribe inició en 2012, cuando el senador Iván Cepeda reveló testimonios que relacionaban a Uribe con paramilitares. En respuesta, Uribe denunció penalmente a Cepeda por supuesta manipulación de testigos; sin embargo, en febrero de 2018, la Corte Suprema archivó esta denuncia y decidió investigar al propio Uribe por presuntamente sobornar y manipular testigos en su favor, marcando así el inicio formal del proceso penal en su contra.
Desde que Álvaro Uribe fue cobijado con detención domiciliaria en agosto de 2020 por orden de la Corte Suprema, el proceso judicial en su contra entró en una nueva etapa de alta tensión jurídica y política. Tras renunciar al Senado, el caso pasó a manos de la Fiscalía, donde se presentaron varias solicitudes para cerrar el proceso, todas negadas por una supuesta falta de pruebas concluyentes. Finalmente, en marzo de 2024, la Fiscalía lo acusó formalmente por fraude procesal y soborno a testigos. El juicio oral, con más de 70 testigos y amplios debates sobre la legitimidad de las pruebas, culminó en julio de 2025, quedando pendiente únicamente la sentencia final del próximo 28 de julio.
El proceso está regido por la Ley 906 de 2004, correspondiente al sistema penal acusatorio, en el que la transparencia es fundamental y el fallo debe sustentarse únicamente en las pruebas discutidas en las audiencias. En ese contexto, las pruebas aportadas por la Fiscalía están fuertemente cuestionadas por su origen y validez. Existen interceptaciones ilegales, violaciones a la confidencialidad entre abogado y cliente, y alteraciones que fueron detectadas por peritos técnicos. Los principales testigos contra Uribe —Juan Guillermo Monsalve, Carlos Enrique Vélez y Deyanira Gómez, exesposa de Monsalve— han demostrado carecer de credibilidad, han reconocido no conocer personalmente al expresidente y han incurrido en reiteradas mentiras durante el juicio.
Desde el inicio del proceso, se presentaron graves vulneraciones al debido proceso y a garantías fundamentales. Se denunció la homologación indebida entre indagatoria e imputación, interceptaciones realizadas sin orden judicial y su continuación aun después de haberse constatado que interceptaban directamente a Uribe y no al objetivo originalmente autorizado. Estas acciones no solo afectaron al presidente, sino que sientan un precedente peligroso para el respeto de los derechos constitucionales de cualquier ciudadano.
A esto se suma el cuestionable papel de la Fiscalía durante el proceso. Se ha señalado la falta de imparcialidad de la fiscal Marlene Orjuela, cuyas relaciones políticas con Eduardo Montealegre —declarado víctima en el mismo proceso— ponen en entredicho su objetividad. La Fiscalía, que constitucionalmente debe actuar con ecuanimidad, omitió deliberadamente pruebas que favorecían al acusado y condujo el caso con un sesgo condenatorio evidente. Estas actuaciones no solo comprometen la validez del proceso, sino que podrían acarrear consecuencias disciplinarias y penales. En derecho, la Fiscalía debió haber desistido de la acusación, no solo por la debilidad probatoria, sino por la gravedad de las irregularidades procesales.
A criterio de este opinador, y según lo observado en las numerosas y extensas audiencias del juicio oral, que han sido transmitidas al público y cubiertas por medios nacionales e internacionales, el expresidente Álvaro Uribe Vélez es inocente de los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos. Detrás del cuestionable papel de la Fiscalía parece haber más un interés de lawfare contra Uribe Vélez que un genuino interés de justicia; la debilidad sustancial y probatoria del ente acusador no resiste mínimas contradicciones en los aspectos fácticos de su imputación.
Confío en que la juez, en su correcto proceder, encontrará elementos suficientes para desvirtuar la tesis de la Fiscalía y otorgará al expresidente Álvaro Uribe Vélez la absolución que merece. Detrás de quienes piden su condena subyace un odio visceral hacia un hombre cuya honra y buen nombre son lesionados permanentemente sin ningún tipo de escrúpulo ni tregua. Ese afán, más próximo a la venganza que a la justicia, busca satisfacerse con una condena pírrica por delitos comunes, ya que aquellos cargos que con mayor vehemencia se le endilgan carecen del peso probatorio para siquiera considerar la apertura de un proceso.
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