La Transición Energética Justa (TEJ) ha sido una de las principales banderas energéticas del gobierno actual y en la que se busca asegurar la soberanía energética, el acceso democrático a la energía y acciones para mitigar el cambio climático. Sin embargo, es importante anotar que desde gobiernos anteriores se han venido desarrollando diferentes mecanismos con le objetivo de promover el uso de fuentes no convencionales que permitan la diversificación de la matriz energética, la generación distribuida y una participación más activa del consumidor como agente de control de la demanda energética.
Y en el marco de esta estrategia hay un concepto que me ha creado bastante curiosidad y es el de la “democratización energética”, que según el gobierno se refiere a “al proceso de garantizar que todos tengan acceso a energía limpia, asequible, sostenible, empoderando a las comunidades y fomentando la participación ciudadana en la gestión y producción de energía”.
Teoría que suena maravillosa y perfecta desde el punto de vista discursivo, sin embargo, creía que ya esto era una obligación del estado al ser la energía eléctrica un servicio público, y que de acuerdo con la constitución del 91 los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y es deber de éste asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.
Por otro lado, Colombia es un país donde hoy por hoy el 98% de los hogares tienen acceso al servicio de energía, no necesariamente bajo las mejores condiciones en términos de calidad, disponibilidad y tarifa, pero existe. Además de ser generada en gran medida por fuentes limpias como el agua y que desde el año de 1992 no ha tenido interrupciones relevantes, a diferencia de otros países en Latinoamérica como Argentina o Venezuela que han tenido más de 10 en los últimos 30 años.
Asimismo, en este proceso de democratización y transición energética justa se ha hablado principalmente de la energía solar como la principal opción para este reto, lo cual es una visión pobre y miope de la realidad de la tecnología y el país, entendiendo que es una tecnología que no genera durante todo el día y Colombia es un país con demanda máxima a las siete de la noche. Además de necesitar no solo infraestructura eléctrica sino también estructural, pensando en usar techos y cubiertas para su instalación, y no es que precisamente nuestros hogares e industrias cumplan con el requerimiento mínimo para instalarlos. Sin dejar de lado que uno de los principales retos para llevarla a comunidades alejadas es la educación, porque como cualquier tecnología necesita quien se encargue de su operación y mantenimiento para que sea una solución sostenible en el tiempo.
Los páneles solares son una tecnología que se ha venido masificando en los últimos años en todo el mundo, y como consecuencia es más segura, fácil de implementar, más rentable y escalable. Sin embargo, eso no la convierte en la única opción, pero si en la más popular. Por ejemplo, para generar el 5% de la energía eléctrica que Colombia necesita al medio día, sería necesario instalar páneles solares en un área equivalente a 1,5 veces el área Bogotá.
Con esto no quiero de ninguna manera satanizar la energía solar para un país como Colombia, todo lo contrario, es necesario facilitar todos los mecanismos regulatorios, estructurales, financieros que faciliten el acceso a esta tecnología, y hay acciones urgentes necesarias como intervenir el proceso de legalización con los diferentes operadores de red del país, porque hoy hay proyectos solares ya listos para entrar en etapa de generación, pero no lo pueden hacer por trámites que tardan hasta 12 meses.
Es por todo esto que la famosa democratización energética de la que tanto nos hablan, y como se ha venido desarrollando en el país, es sólo parte de un discurso populista, falto de planeación, disciplina técnica e insostenibilidad que contribuye a tener más dudas que certezas alrededor de la seguridad energética del país y el correcto aprovechamiento de los diferentes recursos que se tienen.
Transición energética sí, pero no sin una ruta clara, no sin las intervenciones técnicas y regulatorias necesarias, no sin las garantías que promuevan la inversión en el sector y sin el afán de ser quien convirtió a Colombia en un país “energéticamente limpio”; que de hecho es algo para lo que no necesitamos tanta prisa.
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