‘Arde’ el Cañón del Micay
César Herrera De la Hoz, 13 de marzo de 2025
En la zona están presentes de forma permanente dos facciones disidentes de las FARC: por un lado, el Frente Carlos Patiño, que pertenece al Estado Mayor Central; y por el otro, el Frente Diomer Cortés, adscrito a la Segunda Marquetalia. El Frente José María Becerra del ELN, otrora grupo guerrillero hegemónico en la zona, vuelve a aparecer después de lo que parecía su retirada en 2021. Sin duda, las ganancias derivadas de la economía cocalera y la ruta que conecta la cordillera con las costas del Océano Pacífico han sido los principales intereses de los ilegales en el Cañón del Micay, integrado por los municipios de López de Micay, Argelia y El Tambo.
La importancia geoestratégica de la zona se ha convertido en un botín que los grupos armados ilegales están dispuestos a controlar a sangre y fuego. Así lo demuestran diversos hechos violentos, documentados en diversas Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, en el marco del enfrentamiento entre el Frente Carlos Patiño, por un lado, y el Frente Diomer Cortés en alianza con el ELN, por el otro. Ataques armados, uso de artefactos explosivos improvisados y asesinatos selectivos forman parte del recuento de la confrontación por el territorio.
En consecuencia, han aumentado las afectaciones a la vida cotidiana de la población civil, que ha quedado atrapada en medio de esta confrontación. Por ejemplo, la movilidad de los habitantes se ha visto restringida por la alta contaminación con minas antipersona, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados. De igual forma, en la última Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo, fechada el 20 de mayo de 2024, se subrayó un aumento en el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes, que, mediante amenazas o engaños, son llevados a fortalecer las filas de los grupos armados ilegales.
La intensificación de la confrontación armada también ha supuesto un mayor control coercitivo sobre la vida de los pobladores. Los grupos armados ilegales imponen sus propios conceptos de ‘justicia’, refuerzan el cobro de impuestos en las distintas etapas de la economía cocalera y amenazan y asesinan a líderes de derechos humanos señalados de colaborar con el grupo enemigo. Este contexto ha traído consigo un aumento de hechos victimizantes, como desplazamientos forzados y confinamientos.
El corregimiento El Plateado de Argelia es el territorio donde se desarrollan los hechos más recientes de la guerra. Allí fueron retenidos 28 integrantes de la Policía Nacional y un oficial del Ejército por varias personas de la comunidad, en medio de las presiones del Frente Carlos Patiño para alejar a la fuerza pública. Unos días después de la liberación, en la misma zona del Cañón del Micay, cinco soldados fueron asesinados y otros 16 resultaron heridos en un ataque con explosivos contra una caravana del Ejército que pretendía instalar un puente militar, en reemplazo de otro destruido días antes por integrantes del Frente Carlos Patiño.
El desafío al Estado se mantiene y nada parece detenerlo. Sangre y fuego para acabar con los enemigos, explosivos y plomo para atemorizar a la población civil, y barbarie coordinada para frenar a la fuerza pública. ‘Arde’ el Cañón del Micay, mostrando que el conflicto armado ha dejado de ser un escenario de enfrentamientos lineales y definidos para convertirse en un entramado de intereses que trasciende la lucha ideológica y territorial. Durante décadas, la violencia se entendía como un duelo entre guerrillas, paramilitares y fuerzas estatales. Hoy se presenta una realidad donde se mezclan actores experimentados, poderosas rentas ilegales y tácticas de control territorial cada vez más difusas y difíciles de contener.
Ante esta realidad y como respuesta a los recientes hechos de violencia, el gobierno nacional anunció acciones militares para frenar a los grupos armados ilegales, en especial al Frente Carlos Patiño en el Cañón del Micay. Se argumenta que la situación se ha convertido en una cuestión de soberanía nacional. Resulta comprensible el ultimátum, pero es urgente que, esta vez, el Estado colombiano sí lo logre. Pronto tendrán que llegar las estrategias sociales y económicas que atiendan la profunda vulnerabilidad de la población en la zona. Seguimos atentos, pues en octubre del año pasado ya se habían ordenado operativos militares contundentes para retomar el control del territorio.
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