La reciente audiencia pública que se lleva a cabo en la Corte Constitucional, en la que se estudia la presunta vulneración del derecho a la libre competencia y el monopolio rentístico, pone sobre la mesa una amenaza significativa para la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA). Esta audiencia se desprende de dos demandas de inconstitucionalidad contra los incisos primero y segundo del artículo 28 de la Ley 1816 de 2016. Dicho artículo permite que los departamentos, ejerciendo su derecho de monopolio sobre la producción de licores, puedan suspender la expedición de permisos de introducción de aguardientes nacionales o extranjeros en su territorio.

En el centro de este debate se encuentra la tensión entre la autonomía regional para regular un mercado estratégico y la libertad de competencia, consagrada en el artículo 333 de la Constitución Política. Para Antioquia, la FLA no es solo una fábrica; es un símbolo de identidad, de trabajo arduo y de tradición. Su impacto económico se traduce en miles de empleos directos e indirectos, en una importante contribución a las arcas departamentales, y en la consolidación de una marca que nos representa y nos une. Esta fábrica ha sido, durante décadas, un emblema del empuje antioqueño y del orgullo de nuestro departamento.

No se trata de rechazar la competencia, sino de entender que nuestra Fábricas de Licores es parte del patrimonio regional. Esta empresa es el resultado de una historia de sacrificio, de tradición e identidad que no se puede poner en riesgo por decisiones que desconocen la particularidad de cada región y su aporte al país. El monopolio de los licores no es un capricho, es un derecho que nos ha permitido a los antioqueños sostener servicios sociales, mejorar la infraestructura departamental y mantener viva una industria que forma parte de lo que somos.

La defensa de la Fábrica de Licores de Antioquia es, en última instancia, la defensa de nuestro legado. Abrir las fronteras sin una estrategia de protección que garantice la sostenibilidad de la FLA sería un golpe contra nuestra autonomía, contra nuestro sentido de pertenencia y, sobre todo, contra el futuro de miles de familias que dependen de esta actividad. Por eso, desde aquí, desde el corazón de Antioquia, hacemos un llamado a la Corte Constitucional: que la balanza se incline a favor de los antioqueños, que se proteja lo nuestro, que se respete el derecho de cada región a cuidar lo que con tanto esfuerzo ha construido. Porque si algo nos ha enseñado nuestra historia es que nada nos une tanto como el orgullo de lo que somos y lo que hemos logrado, y la FLA es, sin duda, uno de esos logros que merecen ser defendidos.

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