El servicio público es un acto de responsabilidad y vocación. Las personas que asumen un cargo público a través del voto popular, no solo reciben un título o una función, sino que adquieren una obligación con la ciudadanía, una responsabilidad de velar por el bienestar común, de escuchar y, sobre todo, de actuar en beneficio de la comunidad para la que se hicieron elegir. En Colombia, donde la crisis de legitimidad de las instituciones sigue siendo un problema profundo, el compromiso de los líderes con los principios de servicio público debería ser una cosa tangible, cierta e indiscutible. Sin embargo, el reciente episodio protagonizado por la vicepresidenta Francia Márquez ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes es un reflejo alarmante de la desconexión entre la clase política y las necesidades de la nación.

El 16 de agosto, la vicepresidenta Márquez dejó entrever su desinterés cuando, ante cuestionamientos de los representantes sobre su falta de respuesta ante los interrogantes planteados a la Comisión Primera respecto de la baja y casi nula ejecución del Ministerio de Igualdad desde su creación, respondió de manera tajante: “Ese no es problema mío”. Esta frase, que rápidamente se viralizó, encapsula un problema más profundo de la política colombiana: el desdén hacia el control político y, por ende, hacia el deber que se tiene con el pueblo. Y es que con justa razón la opinión pública ha sido tan vehemente con las expresiones de rechazo para con el comportamiento de la Vicepresidenta: ¿cómo así que no es problema de ella que el Ministerio de la Igualdad no dé resultados? ¿cómo así que no es problema de ella que los congresistas se queden sin respuestas al respecto? Márquez, elegida con la promesa de representar a las comunidades más olvidadas del país, parece haber echado de menos que parte de su rol implica rendir cuentas, dialogar con otras ramas del poder y estar presente en los espacios donde se debaten los asuntos trascendentales para el país.

Este episodio se da en un contexto de alta polarización y desconfianza en las instituciones. El gobierno de Gustavo Petro ha tenido dos años turbulentos, marcados por la falta de consenso en el Congreso, la dificultad para sacar adelante reformas clave, y el creciente malestar de diferentes sectores sociales. En ese ambiente, el papel de la vicepresidenta como articuladora y defensora de las políticas sociales debería ser crucial. Sin embargo, la actitud mostrada ante el legislativo no solo es una señal preocupante de indiferencia, sino un mensaje de que los espacios institucionales pueden ser ignorados si no son convenientes.

Francia Márquez emergió como una figura de resistencia y esperanza para muchos sectores históricamente excluidos. Su ascenso al poder simbolizó, en parte, una oportunidad para que las voces del margen entraran en el centro de la política. Sin embargo, su postura reciente parece traicionar esos ideales. La frase “no es problema mío” resuena como un eco de la desconexión que tanto criticó en su camino hacia la vicepresidencia. ¿Cómo se puede aspirar a representar a los más vulnerables si no se está dispuesto a asumir las responsabilidades que ello conlleva?

El desinterés por el trabajo legislativo es, en el fondo, una traición al servicio público. Cuando un funcionario elige no dar respuestas en los espacios donde se suscitan los debates donde se les hace control político y se define el rumbo de la nación, está abandonando su deber principal: servir. La grandeza del servicio público radica precisamente en esa entrega al bien común, en poner el interés de la ciudadanía por encima de las comodidades personales, de las ideologías cerradas y de los intereses particulares. Cada vez que un líder decide ignorar su rol, contribuye a erosionar la ya frágil confianza en la política.

El servicio público es una misión que requiere compromiso, empatía y la capacidad de asumir que, en una democracia, las decisiones no se toman en solitario. La política no es un ejercicio de poder unilateral, sino de construcción colectiva. La frase “no es problema mío” no solo es un desplante a los representantes que esperaban respuestas, sino a todos aquellos ciudadanos que merecen que sus gobernantes estén presentes y comprometidos. La vicepresidenta Márquez, al adoptar esa actitud, pierde la oportunidad de demostrar que su liderazgo va más allá del discurso y la retórica.

Es cierto que la política en Colombia siempre ha estado marcada por la desconfianza y la distancia entre la clase política y el ciudadano de a pie. Sin embargo, es precisamente por eso que el país necesita líderes que entiendan el valor del servicio público y que estén dispuestos a construir puentes en lugar de levantar muros. La política debe ser vista como un servicio y no como un privilegio. En tiempos de crisis y polarización, la ciudadanía necesita ejemplos de entrega y responsabilidad.

En conclusión, la grandeza del servicio público no reside en ocupar un cargo ni en los privilegios que este conlleva. Reside en la disposición a servir, a escuchar y a actuar en beneficio del bien común. Cuando una figura tan representativa como la vicepresidenta se muestra indiferente hacia las responsabilidades que ese servicio implica, no solo falla en su deber, sino que envía un mensaje de desesperanza a todos aquellos que todavía creen en la posibilidad de una política comprometida y cercana a la gente. El país necesita menos “no es problema mío” y más “cómo puedo ayudar”.

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