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Esta semana se conoció que el Secretario General del Ministerio de Relaciones Exteriores adjudicó el contrato para la fabricación de pasaportes a la multinacional Thomas Greg & Sons. Para la Jefa del Ministerio Público, que suspendió al Canciller Álvaro Leyva en el marco de esta misma licitación, hay razones de peso para suspender al jefe de esa cartera, toda vez que este violó los principios de responsabilidad, transparencia y economía que rigen los procesos de contratación de las entidades estatales, al declarar desierta la licitación y declarar la urgencia manifiesta al no haber más oferentes en concurso.
Sin embargo, con base a un concepto avalado por expertos en materia económica y jurídica, que advertían que todas las condiciones estaban dadas para adjudicar el contrato a dicha empresa y que, según su interpretación de la ley no hacerlo implicaría una millonaria demanda para el Estado Colombiano, el hasta esta semana Secretario General José Antonio Salazar, previa delegación del Canciller (e) Luis Gilberto Murillo, finalizó el proceso licitatorio otorgando la ejecución del contrato.
A las pocas horas el presidente, a través de su cuenta de X, descompuesto de la ira, llamó traidor al Secretario Salazar y firmó su insubsistencia inmediata graduándolo de corrupto y manchando la reputación del funcionario dando a entender que este recibió algún tipo de coima para favorecer al oferente. Lo cierto es que las actuaciones del señor Secretario General se dieron siempre en el marco de la legalidad ya que la adjudicación de dicho contrato no atenta contra el ordenamiento porque desde hace más de seis meses Thomas Greg & Sons resultó ganador de la licitación. Por esta misma situación ya había sido apartada de su cargo Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.
Y es que el primer mandatario parece pretender que los funcionarios antepongan al deber de respetar la Constitución y la ley sus caprichos de autócrata. Los servidores públicos no deben ser esbirros del poder de turno, no deben ser facilitadores de un proyecto político o los intereses particulares de quienes se valen de su posición supraordenada para impulsar sus abyectos fines.
Una vez más sale de este gobierno un funcionario cuyas acciones, apegadas a la ley o a criterios técnicos sustentados en la evidencia, incomodan o contradicen los discursos falaces y pendencieros del Jefe de Estado o sus más radicales subordinados. Cuando salen del gobierno funcionarios como José Antonio Salazar, Jorge Iván González, José Antonio Ocampo, Cecilia López o Alejandro Gaviria, lo hacen señalados de traidores al presidente y a su proyecto de país. Traidor no es quien cuestiona, vigila, audita, corrige o actúa de conformidad con el ordenamiento o los deberes de su cargo.
Traidor es el que busca a toda costa el debilitamiento de las instituciones, la ruptura constitucional y del equilibrio de poderes, la destrucción de activos sociales y la confianza pública. Estos funcionarios contradijeron la torpeza, la mediocridad, la irresponsabilidad y la ilegalidad del ejecutivo por lealtad a Colombia. El que ha traicionado es el presidente, a la confianza de millones de colombianos y a la ley actuando en contrario. Petro, traidor.
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