La palabra “virtud” suena pasada de moda. De pronto es porque nos recuerda las referencias de la virtud cristiana que insistía en asuntos como la castidad o la caridad hasta el agotamiento. También, porque parece el inicio de un regaño; las letras que anuncian un reclamo en medio de esta época en que toda reivindicación de responsabilidades puede parecer exagerada. Esa disonancia es una tragedia. La palabra es hermosa y la conversación sobre las virtudes, absolutamente necesaria. Una virtud es una actitud o disposición individual que nos hace mejores seres humanos. Y los adjetivos la vuelven incluso más potente. La filósofa y política española Victoria Camps escribió hace tres décadas un libro que ha sido constantemente reeditado: “Virtudes públicas”. Su preocupación, reeditada también en muchas ocasiones, se centra en el peligro que supone para la democracia liberal y la socialdemocracia la ausencia de ciertas virtudes en la ciudadanía.

Camps sostiene que el principal objetivo de una virtud pública en una democracia es la justicia y que, para ser justos, las personas debemos adscribirnos a una ética que privilegie la solidaridad, la responsabilidad y la tolerancia. La solidaridad es la expresión activa de los lazos que nos unen a otros y que se traducen en nuestra disposición a preocuparnos y ayudarlos cuando sea necesario. Es también el fundamento de buena parte de las instituciones y políticas sociales en las que se ocupan las administraciones públicas actuales. Y, aunque no sean lo mismo, la solidaridad abre espacio en la cabeza para la justicia. Las personas más solidarias suelen tener menos dificultades en aceptar, e incluso activamente promover, políticas redistributivas y defender reivindicaciones de derechos de poblaciones marginadas.

La responsabilidad es la respuesta a una demanda. Es decir, asumir que nuestras ideas, decisiones y acciones tienen consecuencias sobre otros y sobre el mundo y que esto deviene en responsabilidades amplias y complejas. Reconocerlas es solo el primer paso, lo fundamental, en el sentido de la virtud pública, es la disposición de las personas a actuar sobre esas responsabilidades. Sea porque esto suponga que no hacemos algunas cosas o porque al hacerlas, somos capaces de responder por ellas. Las actuaciones coherentes son imposibles sin algún sentido de responsabilidad y sin coherencia en las acciones, la posibilidad de promover otros valores importantes para la democracia, como a la confianza o la honestidad, es dificilísimo.

La tolerancia es ante todo el reconocimiento de la diferencia que puede convivir. Es decir, la disposición a estar con otros con los que tenemos diferencias que nos incomodan o molestan. El término ha sido denunciado como “insuficiente” en ocasiones, pero no tiene porqué serlo. El problema es que ha sido asumido como la disposición de cara a grupos de personas que toleramos cuando deberíamos celebrar su existencia o aceptar sus reivindicaciones. La tolerancia se refiere a grupos con los que existen pocos puentes de acuerdo, en particular, respecto a posiciones políticas. Sin tolerancia el ideal de pluralismo que da vida y vigor a nuestras sociedades está vacío.

Las virtudes públicas son fundamentales para una educación democrática porque son la garantía de la permanencia de la democracia liberal y social que conocemos. Poner esta conversación en la agenda pública, en instituciones educativas y organizaciones resulta fundamental. Y aunque suene pasado de moda, quizás no haya algo más lejano de la realidad. Porque los dos hilos centrales del frágil tejido democrático son la concordia y la confianza. La injusticia tensa la concordia hasta que da paso a la violencia y corrompe la manera cómo nos relaciones entre nosotros, profundizando la desconfianza. Las sociedades injustas son tragedias colectivas a las que se ven condenadas personas como enemigos en una celda.

Porque, como termina Camps su libro, “el individuo, por su parte, se equivoca al creer que es posible ser feliz en un mundo de injusticias”.

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