Las manifestaciones son una de las formas como los movimientos sociales y demás expresiones de política contenciosa presentan sus reclamos. Los canales institucionales muchas veces son muy estrechos para tramitar las demandas ciudadanas. Las acciones colectivas contenciosas como las protestas y las marchas son modos de actuación de aquellas personas que están por fuera del poder y necesitan expresar un fallo a la igualdad democrática, o una afrenta al principio de justicia. Pensándolo de esta manera las manifestaciones son un canal no institucional de la democracia.
El genocidio que comete el Estado de Israel en Palestina — y que vemos en vivo por redes sociales— ha generado manifestaciones en todo el mundo. La semana pasada el capítulo colombiano de este rechazo mundial tuvo como objeto a la ANDI. La política contenciosa presenta sus disputas a distintos centros de poder, no solo al político. También lo hace al poder económico y al cultural. En este caso los manifestantes eligieron un centro del poder económico para presentar su reclamo. Las razones de esa elección son endebles. No se entienden las premisas que la justifican y parece haber motivaciones políticas más allá del repudio a la abominable situación en Gaza.
Las reacciones ante estos hechos fueron las habituales. Un sector de la población salió a rechazarlos, a condenar que un grupo de “energúmenos y vándalos estuviera generando caos”. Más allá del mantra al rechazo a la violencia, que es un asunto fundamental en cualquier pacto social, el punto más interesante en este episodio está en la idea de democracia que se desprende de este rechazo, además del juicio prescriptivo sobre las formas de la política contenciosa en Colombia.
Cuando se caracteriza a cualquier tipo de acción directa como vandálica o delictiva se está proponiendo también un marco democrático particular. Pareciera que el que está detrás de estas afirmaciones asume que el descontento social solo puede presentarse con camisa blanca, sombrero aguadeño y yendo por la acera, para que no vaya a trastocar en ningún momento la normalidad. Como si sólo hubiera una forma aceptable de protesta, de trámite no institucional de demandas ciudadanas.
Vivir en democracia implica aceptar la deliberación como principio. En el análisis de la política contenciosa hay mucha incertidumbre, grises y zonas ambiguas. Hay una tensión permanente entre las acciones directas y la garantía de derechos, entre el orden que debería propiciar el Estado y la libertad de las expresiones de la ciudadanía. También está el terreno pantanoso de determinar cuándo una acción contenciosa deviene en ruptura del pacto democrático. Que muy a pesar de las analistas del vandalismo, no es tan sencillo de precisar.
Las consignas son la muerte del pensamiento y de la deliberación. Las simplificaciones son una caricatura de la realidad. Cuando el análisis de una situación social cabe en una palabra (vándalo, delincuente) se deforma lo que por condición es complejo. El debate de las frases hechas nos aleja de la difícil deliberación democrática.
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