El desplazamiento forzado ya no depende exclusivamente del conflicto armado.
Cientos de miles de familias en los años recientes han sido afectadas por otro fenómeno, cuya brutal incidencia sobre el cambio demográfico es irreversible. Estamos hablando del calentamiento global.
Se vivió hace unos meses en el Caribe. Ahora se está viviendo en el Llano.
Ante nosotros, se presenta un profundo problema -con implicaciones estructurales- de cara a lo que nos depara el futuro. Los hechos de las inundaciones en Córdoba y Casanare no son dos coincidencias aisladas, son el resultado de un deterioro ambiental que deriva de alteraciones atmosféricas sobre la región, de una precaria gestión pública territorial, y una infraestructura deficiente cuyas limitaciones han sido vergonzosamente expuestas por la crisis.
¿Pero en qué resuenan esta serie de factores aunados a la emergencia, ignorada en la agenda pública del Estado, propensa a empeorar en los años que vienen y sujeta a reconfigurar la distribución demográfica del territorio? Resuenan en ayudas temporales, donaciones de núcleos urbanos, mercados de centros de acopio y suministros domésticos que fungen como paños de agua tibia para una herida abierta que no cicatriza, sino que eventualmente se hará más profunda.
Bien se sabe qué la provisión de alimentos -entre otros insumos- para las ciudades es proveniente de la ruralidad. La dependencia urbana con el campo colombiano no está sujeta únicamente a una operación logística de transporte reflejada en las centrales de corabastos, está sujeta también a toda una gama de recursos naturales que los territorios le proveen a las ciudades. Las metrópolis se expanden, mientras que el territorio, vulnerable a los fenómenos del Niño y la Niña, cada día se enfrentan a más factores que dificultan sus condiciones de vida.
En últimas, el más complejo, el cambio demográfico.
Las cabeceras municipales dispersas entre lo urbano y la ruralidad son receptoras de desplazados por el clima, quienes deben ajustarse a modos de vida ajenos a la cotidianidad donde residían antes. La organización internacional para las migraciones reportó que entre 2016 y 2022 han habido alrededor de 536.000 desplazados en el país por fenómenos naturales, denotando el alza de un fenómeno cuya gravedad actual es imposible de ignorar. Y es por ello que, este tipo de desplazamiento también agrava la precariedad social que se vive en las ciudades.
Es decir, una ampliación de la informalidad, dado que la persona de campo que migra al centro urbano no logra encontrar un oficio digno en el que pueda hacer uso de sus capacidades. Lo único que puede optar es por labores mal remuneradas en trabajos informales, aumentando la pobreza y empeorando las posibilidades de movilidad social, llevándolo a extremos que incluso llegan a imposibilitarla.
El “deber ser” de habilitar condiciones que permitan la resiliencia de los territorios ante el fenómeno climático, y se mitiguen los daños para anular los desplazamientos forzados, no es una idea que nace de la “filantropía” social que habitualmente se suele decir en otras columnas o artículos elaborados. Construir una infraestructura que proteja las veredas ante riesgos de inundaciones, sea bajo sistemas de desagüe o represas de contención, al mismo tiempo que se establezcan sistemas de riego y un suministro sostenible de agua ante épocas de sequía, es una necesidad inmediata para el país.
Las urbes son dependientes de la ruralidad, esa es una realidad que se demuestra cada vez más en crudo, cuando son las mismas urbes las que indirectamente se ven afectadas por todos los efectos adversos derivados del calentamiento global. Y la misma dependencia que se ha probado tan frágil por las catástrofes climáticas recientes, conlleva incluso a replantear la relación entre la ruralidad y lo urbano.
La concepción de urbes agrestes.
Otros escritos de este autor: https://noapto.co/samuel-sarria/
