En su versión número 17, la encuesta Colombia Opina indica que el 21,2% de los colombianos cree que el orden público es el principal problema nacional, por encima de preocupaciones como el desempleo, los asuntos económicos, la calidad de la salud, la corrupción y el mal gobierno. Lo que muestra la encuesta realizada por Invamer, Caracol Noticias y Blu Radio, no es un buen síntoma. Menos aun cuando estamos en el marco de un gobierno nacional volcado en construir escenarios de paz en todo el territorio.
En el mismo informe de Invamer se presenta la tendencia histórica de las respuestas a la pregunta: “¿Cuál es el principal problema que tiene Colombia en este momento?”. Desde mayo de 2017, el orden público había estado relegado, mientras que la calidad de la salud, el desempleo y la corrupción lideraban las principales problemáticas identificadas por los colombianos. Solo en las dos últimas entregas de la encuesta –la anterior fue en noviembre de 2024, cuando el orden público apareció en primer lugar con 33,7 %– el tema de la inseguridad lideró las preocupaciones.
En otro apartado de la encuesta se indaga si ciertos aspectos específicos están mejorando o empeorando en el país. Según los datos, entre los temas que han desmejorado se encuentran “la inseguridad” (88,5% de los encuestados lo afirma), “el narcotráfico” (74,8%) y “la guerrilla” (81,9%). En relación con esta última problemática, en noviembre de 2022 el 53,9% de los encuestados consideraba que “la guerrilla” estaba empeorando. Es innegable el incremento de las preocupaciones de la población respecto a la inseguridad.
¿Percepción o realidad? La pregunta vuelve al centro de la agenda pública. Por un lado, el Gobierno Nacional respalda su gestión en esta materia con datos que señalan lo contrario. Sus funcionarios han citado “reducciones históricas” en temas como los homicidios y las extorsiones –aunque estos datos son ampliamente debatidos por el subregistro de las denuncias y la complejidad de entender una práctica que se entrelaza con la prestación de “servicios de seguridad”–.
Pero, por otro lado, los colombianos somos testigos casi a diario de cómo los temas de orden público vuelven a los titulares de la prensa. Piénsese en el desplazamiento de comunidades en El Catatumbo (Norte de Santander), ataques a la fuerza pública en El Plateado (Cauca) y las tensiones por disputas territoriales entre las bandas que actúan en la zona urbana de Buenaventura (Valle del Cauca). Todos los hechos parecen indicar que los grupos armados ilegales siguen teniendo incentivos para que sus ejércitos crezcan, disputar territorios de manera violenta y no renunciar a millonarias rentas ilegales.
Desde sus inicios, el actual Gobierno Nacional apostó por una estrategia de mesas de diálogo paralelas –varias de ellas con múltiples actores a la vez–. Actualmente, existen nueve espacios en los que se busca la voluntad de actores armados de diversos orígenes, trayectorias, intereses y alcances territoriales: ELN, la Oficina (que agrupa a distintas bandas del Valle de Aburrá), Shottas, Espartanos, RPS, Locos Yam, Los Mexicanos, Estado Mayor Central, Segunda Marquetalia, Frente Comuneros del Sur, Los Pachenca y el Clan del Golfo. Aun cuando estos espacios buscan articular una respuesta unificada, la diversidad de actores y agendas evidencia una realidad más compleja y fragmentada.
La fragmentación de las amenazas a la seguridad y los desafíos al control territorial no son solo un indicador de inseguridad, sino también una señal de afectación a la calidad de vida de los ciudadanos. La incertidumbre y el miedo a la violencia repercuten en la movilidad, la actividad comercial y el tejido social, limitando el desarrollo económico y social. Así, la percepción de que “vamos por mal camino” o de un “empeoramiento” de la inseguridad se traduce en un llamado urgente a repensar las estrategias con las que se ha trabajado. La pregunta necesaria es: ¿estamos cerca de ver resultados concretos, verificables y sostenibles de estas mesas de diálogos?
Sin duda, los recientes hechos de seguridad vuelven a colocar estos temas entre las prioridades de la próxima jornada electoral de escala nacional. La posición más previsible será aquella que subraye todos los errores de la estrategia de diálogo del actual gobierno. Es probable que ganen protagonismo quienes aboguen por una política de mano dura contra los actores armados ilegales, en abierta oposición a lo que consideran una mano blanda, ingenua y cómplice. Si se trata de votos, ese será el camino. Ojalá pudiéramos optar por una tercera opción, una que nos permita entender que se requieren matices en las intervenciones y que la disuasión y la represión deben enfocarse en ciertos actores poderosos. Además, es necesario atacar con rigor los incentivos financieros de la ilegalidad y proteger con firmeza a la siguiente generación de niños, niñas y adolescentes, hoy en la mira del reclutamiento criminal en diversas partes de Colombia. Esta sería una opción enfocada en priorizar el control de todo el territorio como condición estratégica para mejorar la provisión de bienes públicos que garanticen justicia, mercados inclusivos y derechos como la salud y la educación.
Otros escritos de este autor: https://noapto.co/cesar-herrera-de-la-hoz/
