Cada homicidio que se evita representa una victoria para la sociedad, una luz de esperanza para el futuro y una señal de que sigue vigente nuestra capacidad para reaccionar ante la desgracia que representa una vida perdida de manera violenta. En este contexto, el registro de un 1,6% menos de homicidios en Colombia durante 2024, en comparación con 2023, es un registro que merece ser destacado. Según la Policía Nacional, 13.341 homicidios (241 casos menos con respecto al 2023) es la cifra más baja de los últimos tres años.

La disminución de homicidios en Colombia es un hecho positivo, pero quedarse en el titular de una reducción es ignorar las complejidades detrás de esta tendencia. Primero, este fenómeno ha mostrado altibajos significativos en los últimos años. Entre los años 2012 y 2020 pasó de 36 homicidios por cada 100 mil habitantes, a 24. En el año 2021 se revirtió la tendencia a la baja y la tasa volvió a ajustarse alrededor de 27. Hoy se vuelve a consolidar una nueva reducción al ubicarse alrededor de 25 homicidios. Y en medio de esto, surge la duda fundamental: ¿cuántos de estos han sido o serán esclarecidos?

Segundo, la tasa de homicidios de Colombia es casi cinco veces mayor que la tasa mundial de 2023, estimada en 5.2 por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés). Con este punto de referencia, el dato de homicidios evidencia la magnitud que significa para el Estado colombiano resguardar el derecho fundamental a la vida.

Sin duda, es de suma urgencia identificar los factores que siguen explicando la persistencia de los homicidios, pero también de lo que ha logrado la reducción de esta problemática en diversas zonas del país. Ahí están las claves para determinar aquellas prácticas de prevención de la violencia que garanticen derechos humanos, y por tanto que merezcan ser sostenibles y replicadas.

Tercero, las víctimas de homicidios en Colombia siguen reflejando realidades alarmantes que requieren atención urgente. Una de estas es que una importante proporción de estas personas está compuesta por hombres jóvenes, que mueren en contextos de enfrentamientos relacionados con la criminalidad organizada. Especialmente en medio de disputas por rentas ilegales y control de zonas estratégicas.

Además, la violencia homicida contra las mujeres ha mostrado una dinámica preocupante. Sólo en los primeros 5 meses de 2024, la Procuraduría General de la Nación, calculó en promedio 18 femicidios cada mes. El dato resalta la necesidad imperante de diseñar e implementar medidas de protección específicas y efectivas para prevenir estos crímenes y salvaguardar la vida de las mujeres en el país.

Cuarto, a pesar de la reducción en los homicidios, otras formas de violencia siguen siendo alarmantes y afectan directamente la percepción de seguridad y disminuyen la confianza ciudadana en la institucionalidad. Un ejemplo es la extorsión, que según el Ministerio de Defensa, creció 18% en el 2024 con respecto a lo reportado en el año 2023. Este delito, que anualmente genera millonarias rentas ilegales como lo demuestran diversas investigaciones del Centro de Valor Público de la Universidad EAFIT, representa un desafío adicional dada las diversas modalidades, el amplio subregistro de denuncias y la considerable capacidad de intimidación de parte de los victimarios.

En general, valorar la reducción de homicidios es necesario, pero limitar la agenda pública de seguridad ciudadana y convivencia al “titular de prensa de la reducción” es peligroso. Puede sobredimensionar avances, invisibilizar problemáticas y subestimar alertas críticas. Colombia enfrenta enormes desafíos en la prevención y reducción de la violencia y el crimen, y es fundamental abordar cada uno de ellos con rigor, estrategia y compromiso. Son un permanente recordatorio de que menos homicidios no necesariamente significa más seguridad.