A mis dieciséis años salí a comer unas papas y a tomarme una malteada con mis amigos, había toque de queda para los menores de edad así que teníamos que comer rápido, a las 8:00 de la noche debíamos estar en nuestra casa. La comida se demoró, se nos pasó el tiempo y no nos dimos cuenta de que faltaban quince minutos para las ocho. Estábamos pidiendo la cuenta para alcanzar a llegar a la casa, cuando entró la Policía al local. Nos pidió la cédula y todos entregamos tranquilamente la tarjeta de identidad. No estábamos haciendo nada malo y todavía teníamos unos minutos para salir. Pero el policía no nos escuchó, nos pidió que nos montáramos a la patrulla que había parqueado al frente y que esperáramos mientras “capturaban” a otros menores para llenar el cupo. Pregunté que hacia dónde nos llevaban, para que me pudieran recoger mis padres, y me dijeron que como las estaciones ya estaban llenas nos tenían que llevar al estadio, que allá pasábamos la noche y al otro día podíamos salir.

Estábamos sentados como unos delincuentes en una patrulla de policía, unos niños que estaban tomando malteada. En esa época se tomaron estas medidas para proteger a los menores de los delincuentes, en un tiempo en el que, semanalmente, había amenaza de bomba. El toque de queda duró unos meses y fue claro que la medida ni protegió a los niños ni hizo más segura la ciudad.

Supone uno que esos errores no se repiten, pero parece que no aprendemos del pasado o que tenemos mala memoria, pues esta semana la administración local expidió un decreto igual. Con la premisa de la protección de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, tomaron una decisión extrema. Dicen que, para protegerlos del delito de explotación sexual, durante seis meses no podrán estar en la calle (Poblado, la 33 la 70 y el Centro) desde las 7:00 pm hasta las 5:00 am, sin acompañamiento de sus padres de familia. El decreto 0497 de 2024, prevé que habrá sanciones a los menores que incumplan el toque de queda. Las sanciones no son claras, solo mencionan que deberán ajustarse al Código de Infancia y Adolescencia, pero no determina cuáles son.

Tengo nuevamente una pregunta por el nivel de reflexión con el que están tomando estas decisiones. No comprendo la lógica que hay detrás, porque sin ánimo de ser reduccionista, lo que entiendo es que, para proteger a los niños de los delitos sexuales, lo mejor es encerarlos en vez de garantizarles el derecho a estar la calle y perseguir las redes de explotación. Entiendo también que, según los tomadores de decisión, para protegerlos es mejor tratarlos como delincuentes e imponerles sanciones si los ven en la calle. Honestamente no entiendo ¿Con esto están admitiendo que no pueden tener una ciudad segura? ¿Qué el Estado falló?  

Nos sentimos delincuentes desde niños porque nos persiguen las autoridades con la idea de protegernos. No es extraño entonces la mala relación y la desconfianza que tiene la ciudadanía con la policía.

Tenemos que poder garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes y eso incluye que puedan habitar su ciudad, que puedan sentirse tranquilos cuando ven un policía por la noche y que no se tengan que esconder de la autoridad porque ella debería estar de su lado.

Un Estado garantista no toma medidas que vulneren al más débil. No impone sanciones a los niños por caminar en el espacio público. Pero, sobre todo, se enfoca en el verdadero problema y lo soluciona con todas las herramientas que se le entregan para administrar un territorio, de lo contrario habrá fracasado.

Pero un Estado eficiente también reflexiona sobre las paradojas de sus decisiones, porque me pregunto entonces si van a capturar a todas las niñas y niños indígenas que hay en la calle, si van a tratar como delincuentes a las víctimas de un sistema que tiene a sus poblaciones tradicionales en condiciones de pobreza extrema.

No se puede trasladar las ineficiencias del Estado a los derechos de los ciudadanos, ni criminalizar a las poblaciones a las que hay que proteger.

Repito lo que antes he dicho, no hay suficiente pie de fuerza para sancionar menores, capturar a los consumidores de drogas en espacio público y perseguir con severidad todos los delitos serios de esta ciudad (explotación sexual, extorsión, microtráfico, homicidio, trata de personas, etc). No entiendo el foco de unas políticas que desconcentran la labor de los policías en asuntos importantes.

La sociedad civil no es la enemiga de la ciudad; hay que recordar a quienes hay que perseguir, pues parece que se nos olvida.

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