No conocí a Miguel Uribe Turbay. De hecho, no fui nunca votante suyo, cercano a sus equipos o admirador de sus ideas. Eso sí, me parecía un senador riguroso y un político relativamente joven con mucha proyección de futuro. Recuerdo casi con detalle el día que le dispararon, qué estaba haciendo, dónde estaba, cómo recibí la noticia. Cómo pasaron las horas siguientes.
La obsesión de los días siguientes, desde esa tarde de junio hasta esa madrugada del 11 de agosto cuando falleció, en las que permanentemente entraba a redes sociales, a la página de la Fundación Santa Fe a averiguar algo sobre su salud. Me conmovió profundamente el dolor de su esposa María Claudia, de sus hijas y del pequeño Alejandro. Sentí, de alguna forma, el dolor, la desazón, el miedo que sintió la generación de mis padres en esa época en la que mataron a tantos referentes como Luis Carlos Galán, Guillermo Cano, Rodrigo Lara, Álvaro Gómez Hurtado y tantos otros.
Miguel iba a ser presidente de Colombia. A Miguel se lo arrebató la violencia al país.
Pero hay en esta tragedia una coincidencia atroz que parece escrita por el más macabro de los guionistas de nuestra historia. En 1990, cuando Miguel tenía solo cuatro años, despidió a su madre, la periodista Diana Turbay, creyendo que volvería en tres días de un viaje de trabajo. No volvió jamás: cayó en manos del narcotráfico y murió en un fallido intento de rescate que conmocionó al país entero. Treinta y cuatro años después, la historia, que en Colombia no avanza sino que gira obstinadamente sobre el mismo eje sangriento, obligó a su hijo Alejandro a enfrentar exactamente a los mismos cuatro años el mismo vacío insondable, la misma ausencia inexplicable que marcará el resto de sus días.
En cualquier otro país del mundo, una coincidencia de semejante calibre parecería una aberración estadística o una crueldad inexplicable del destino; en Colombia es apenas la confirmación de una rutina institucionalizada. Aquí la violencia no se detiene a considerar si la cuota de sangre de una sola familia ya fue saldada en el pasado. Cambian las décadas, los actores de turno y los pretextos ideológicos de los verdugos, pero el mecanismo de fondo opera con una precisión matemática implacable: los niños quedan huérfanos exactamente a la misma edad en que lo quedaron sus padres, obligados a reconstruir la memoria de sus muertos a partir de fotografías viejas, recortes de prensa y discursos ajenos pronunciaos en plazas públicas.
Nos consolamos ingenuamente pensando que cada muerto emblemático será el definitivo, el que por fin logre sacudir la conciencia colectiva y nos abra los ojos para siempre, pero la política colombiana siempre se las arregla para demostrar que nuestra capacidad de sobreponernos al espanto es lisa y llanamente inagotable. Acomodamos el luto en la agenda diaria como quien acomoda un tramo de mal tráfico en la mañana, y continuamos la marcha sin haber aprendido absolutamente nada del desastre. Y eso, quizás, sea lo más aterrador de todo lo que nos sucede como sociedad.
Deseo que el corazón de Alejandro y de todos los niños de Colombia crezca sin odio para que esa violencia cíclica y heredada no se repita nunca. Y respiro tranquilo de que sus asesinos hoy no campean tranquilos por los pasillos del poder en Colombia. Se fueron y esperemos que nunca vuelvan a pisar las instituciones de la República.
Nos queda únicamente el ejercicio terco de recordar, no para venerar estatuas de bronce ni para alimentar discursos de ocasión en época electoral, sino para negarnos a aceptar que el asesinato sistemático sea la forma natural e inevitable de nuestra vida pública.
Nunca más.
Otros escritos de este autor: https://noapto.co/samuel-machado/
