Seis meses nos separan de un comienzo de año 2025 convulsionado, violento y trágico en el Catatumbo. Ese ciclo de violencia estalló en medio de la confrontación entre el ELN y el grupo de disidentes del Frente 33. Hoy, la dinámica de la disputa armada parece haber evolucionado hacia una situación menos intensa, pero igualmente tensionante para la población civil. Lo más preocupante es constatar el actuar errático del Estado colombiano en la zona.
El Estado ha intentado de todo para contener la violencia y prevenir nuevos hechos violentos. Las fórmulas implementadas van desde la declaratoria de la emergencia económica y el estado de conmoción interior, hasta avances puntuales en acciones enmarcadas en la política de Paz Total y el envío de más soldados al territorio después de la suspensión del cese al fuego. No contamos con información suficiente para establecer hasta qué punto las intervenciones realizadas han logrado el resultado esperado de frenar las confrontaciones, pero sí persisten datos alarmantes sobre el desplazamiento forzado en la zona: cerca de 65 mil personas han sido desplazadas en lo que va del año.
La principal característica del actuar estatal en el Catatumbo es que hay más voluntad por parte del Gobierno Nacional que planeación y organización. En cuanto a la declaratoria de la emergencia económica y el estado de conmoción interior, las principales noticias se han centrado más en los problemas legales que las sustentan que en los resultados puntuales de las intervenciones. Sin tener claro los avances, es imposible afirmar que haya mejoras sustanciales en las condiciones de vida de los pobladores de la zona.
En relación con la apertura de un nuevo capítulo de la política de Paz Total, si bien es cierto que existen avances en la intención de los disidentes del Frente 33 de trasladarse hacia una zona de ubicación temporal como paso previo a un eventual desarme, persisten dudas sobre la sostenibilidad y validez de los acuerdos. Además, se mantienen los interrogantes sobre las condiciones en las que queda la población en una nueva etapa del conflicto, en la que el ELN podría consolidarse como el actor hegemónico.
En cuanto a la ofensiva militar después de la suspensión del cese al fuego en el Catatumbo, persisten las inquietudes sobre la sostenibilidad de estas operaciones en un territorio que ya ha recibido un importante número de efectivos armados, sin que esto haya modificado, a favor del Estado colombiano, el equilibrio del conflicto. Esta nueva fase, además, se da en un contexto de preocupación por limitaciones presupuestales en el sector defensa y por el probable fortalecimiento militar de los grupos armados ilegales durante el cese al fuego. En esta etapa de nuevo despliegue militar en el territorio, se espera que los objetivos sean claros, que las acciones sean puntuales y efectivas, y que las nuevas confrontaciones afecten lo menos posible a la población civil.
Otro tema que sigue sin resolverse se asocia con el trabajo que debería existir entre los niveles local, departamental y nacional, especialmente si se consideran las limitaciones administrativas y presupuestales que los entes territoriales enfrentan para responder a las acciones criminales. Adicionalmente, otro aspecto que se ha desdibujado en la agenda es la necesaria coordinación con el gobierno venezolano, con el fin de trabajar de manera conjunta en las problemáticas de seguridad comunes que afectan a ambos países.
En suma, han pasado seis meses del 2025 en los que las fórmulas de siempre se han repetido en el Catatumbo para intentar frenar la escalada de hechos violentos. Por ahora, ha habido más voluntad que organización, más discursos que resultados, y más incertidumbres que certezas sobre la posibilidad de que, esta vez sí, se logre el cierre definitivo de la violencia y el tan necesario despegue del desarrollo económico y social de esta región del país.
Otros escritos de este autor: https://noapto.co/cesar-herrera-de-la-hoz/
