Presuntamente, Abelardo de la Espriella tiene nexos con el narcotráfico; presuntamente, Verónica Alcocer transportaba drogas en vuelos oficiales y su entorno estaría relacionado con el tráfico de armas; y presuntamente, Gustavo Petro tiene problemas de adicciones y habría negociado con paramilitares para acusar a opositores, entre otras acusaciones.
En las últimas semanas, de eso se ha tratado la política colombiana: de acusaciones de lado a lado. En el caso de los presuntos nexos del actual presidente con el narcotráfico, fue el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda quien los denunció. En el caso de Alcocer, fue su exasesora y antigua amiga Eva Ferrer; y en el caso de Petro, una lista más amplia de personas.
El punto al que quiero llegar es: ¿hasta qué punto volvimos común que los políticos de Colombia sean señalados por presuntas conductas de esta gravedad? Y digo común porque parece que ya no nos escandaliza. Parece que simplemente descartamos las acusaciones por afinidad política, con el argumento de «¿dónde están las pruebas?». Y las acusaciones, por graves que sean, se toman más como un arma política, como un titular de prensa, pero no con el fondo y la seriedad que deberían.
Y pues sí, somos un país que aún debate si en el Proceso 8000, en el que se investigó la financiación de la campaña del expresidente Samper con dineros del narcotráfico, este tuvo conocimiento de lo ocurrido. Somos un país que aún debate si Uribe tenía o no nexos con los paramilitares. Somos un país que aún debate qué significan las menciones a Iván Cepeda en los computadores del excomandante de las FARC Raúl Reyes.
Las acusaciones contra los políticos de nuestro país están tan relacionadas con la violencia, la ilegalidad y los grupos armados que, al final, sean ciertas o no —cosa que en ocasiones parece imposible saber—, la sensación que queda es que la ilegalidad parece permearlo todo y que la política parecería más bien un espacio de disputa entre grupos armados que entre ciudadanos que buscan representar los intereses de una nación.
A mí, la verdad, me duele, me da ansiedad, me angustia. Es como si tuviésemos una condena enorme, como si nuestras cadenas de violencia nunca nos soltaran. Y en medio de eso, pues da miedo, un miedo enorme de entrar a la política con la aspiración de disputar ideas, visiones y propuestas, y más bien terminar sentenciando el final de la vida, no solo política, sino física de uno.
Entre tanto, frente a ciudadanos y ciudadanas que, sin mayor criterio, se dedican a defender irrestrictamente a políticos, sin cuestionar, sin exigir respuestas, sin al menos aterrarse de esa realidad que nos escupe y se burla de nosotros, elijo el camino de la desesperanza.
Me pregunto cuándo será el día en que Colombia se unirá para exigirle cuentas al poder sin distinción.
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