En el pasado Gran Premio de Países Bajos, el ganador en cuatro oportunidades del campeonato de pilotos de la Fórmula 1, Max Verstappen, terminó contra las barandas. Esa era la última vez que él corría en su país, pues los promotores privados del circuito no recibieron subvenciones por parte del Estado para renovar el contrato, pese a la romería de aficionados que año tras año llenaban las graderías.
Contrario a lo que se pensaría en Colombia, en Países Bajos no hay indignación por tal decisión, pues la ciudadanía entendió con facilidad la explicación del funcionario que negó tal traslado de recursos pues el país tenía otras prioridades para ejecutar con el presupuesto público.
Esta historia contrasta con las decisiones más recientes adoptadas en Medellín. A mediados de agosto el Concejo de la ciudad aprobó un acuerdo en el que se destinan vigencias futuras, entre otras cosas, para la modernización y operación del Estadio Atanasio Girardot.
Las vigencias futuras, de acuerdo al boletín oficial del Distrito, son del orden de 926 mil millones de pesos que se suman a los ‘recursos totales del proyecto’ para que el escenario deportivo tenga una nueva cubierta, mejor iluminación, silletería, renovación de fachada y capacidad para 60.000 espectadores.
Un presupuesto público, cercano al billón de pesos, podría ir destinado a solucionar los problemas de la gente de Medellín. Enumero algunos: adaptación al cambio climático — cientos de familias hoy tienen racionamiento de agua por la sequía, pero esas mismas familias están expuestas a desastres cuando llegan las lluvias torrenciales—, construcción de vivienda social para reducir un déficit habitacional que tiene a muchas familias ahorcadas para cumplir con un arriendo o agilizar las obras de un plan de expansión del Metro. En fin, hagan ustedes su propia lista de prioridades.
Seguramente el estadio Atanasio Girardot requiere de una modernización, pero quizá el modelo financiero para ejecutarlo no requería de esa dimensión de inversión de plata pública. En Bogotá, por ejemplo, se modernizará el Campín con una Alianza Público Privada que, por demás, dejará dotación urbana a la ciudad como un auditorio para la Orquesta Filarmónica de Bogotá y espacio público para el disfrute de las familias.
Medellín cuenta con una oficina para las Alianzas Público Privadas que parece estar sirviendo para concesionar solo pequeños espacios públicos y no resolviendo los grandes retos colectivos que tenemos como ciudad.
Atender asuntos que no representan problemas públicos reales y urgentes podría significar un costo de oportunidad alto. Si en Países Bajos entendieron que el presupuesto público no está para subsidiar el espectáculo, en Medellín debemos exigir lo mismo. La modernización del Estadio no puede valer más que muchas soluciones estructurales a los problemas de la gente en las calles.
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