El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la creación de una “zona de paz” —o Zona de Ubicación Temporal (ZUT)— para el Frente 33 de las disidencias de las FARC en Tibú ha despertado profunda inquietud y escepticismo. “Se acuerda zona de paz para la dejación de la violencia con el Frente 33 del Estado Mayor y el Gobierno Nacional. Allí se congregarán los combatientes y las armas del Frente 33. Comienza la paz del Catatumbo”, afirmó Petro.
Primero, si la paz en el Catatumbo consiste en detener la confrontación mortal entre el ELN y el Frente 33, el presidente tiene razón: la dejación de armas de los disidentes excluiría a uno de los bandos de la guerra que, en su más reciente capítulo, ha provocado alrededor de 120 asesinatos y más de 60.000 desplazados. Sin embargo, la consecuencia más visible es que el ELN se consolidará como actor hegemónico en el Catatumbo, apropiándose del territorio, las rutas y las rentas ilegales, y ejerciendo un control absoluto sobre la población local.
No resulta esperanzador que un anuncio de paz termine reforzando a un grupo armado que, en reiteradas ocasiones, ha mostrado que no tiene intenciones de firmar acuerdo alguno con el actual Gobierno. El riesgo no es solo simbólico: implica permitir que un actor armado hostil imponga su ley sobre comunidades vulnerables, aumente su poder de negociación desde la fuerza y desincentive cualquier voluntad real de desmovilización. En ese escenario, la “paz” se transforma en una ficción que consolida el dominio de quienes no están dispuestos a renunciar a las armas.
Segundo, el anuncio de esta zona de ubicación es también la evidencia más clara de las limitaciones estructurales de la gran apuesta de “paz total” del Gobierno. Lo que se presentó al país como un proceso ambicioso para cerrar el conflicto armado de forma integral ha terminado fragmentándose en una serie de negociaciones con grupos marginales, de alcance reducido y sin capacidad real de transformar el panorama nacional de violencia. Ya no se trata de sentar a la mesa a los grandes actores —ELN, Clan del Golfo o la mayor disidencia de las FARC— sino de pactar acuerdos con fracciones menores, como ocurrió con la disidencia del ELN Comuneros del Sur en Nariño o, ahora, con el Frente 33 en el Catatumbo.
Este viraje no solo representa una reducción del alcance estratégico de la política de paz del actual gobierno, sino que además plantea una pregunta de fondo: ¿qué tan viable es una negociación que se fragmenta en múltiples procesos parciales, sin coordinación ni articulación entre ellos, y con actores que en muchos casos no tienen una línea de mando clara ni vocación política de largo plazo? La dispersión de esfuerzos, sumada a la falta de resultados concretos en las mesas principales, sugiere que la promesa de una solución estructural al conflicto armado colombiano se está desdibujando, reemplazada por acuerdos tácticos que responden más a urgencias territoriales que a una visión coherente de pacificación.
Tercero, este anuncio también pone en evidencia una contradicción central de la política de paz del Gobierno: se firman acuerdos o se crean zonas de ubicación en territorios donde el Estado no tiene capacidad operativa mínima para garantizar los derechos más elementales. En el Catatumbo, como en otras regiones golpeadas por el conflicto, no hay presencia institucional efectiva: faltan escuelas, centros de salud, vías transitables, justicia accesible y alternativas económicas legales. En esas condiciones, cualquier intento de reemplazar la presencia armada con una “zona de paz” corre el riesgo de dejar un vacío que rápidamente es llenado por otras estructuras criminales o por el mismo grupo que se pretendía contener. Finalmente, la paz no puede construirse sobre la base de renuncias unilaterales, acuerdos sin garantías ni presencia estatal que respalde la transición. Mientras el Gobierno persista en anunciar soluciones fragmentadas, sin capacidad institucional ni claridad estratégica, lo que se consolidará no será la paz, sino una nueva forma de orden armado disfrazado de reconciliación.
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