La memoria es un lugar de disputa; eso es claro. El pasado, como decía Faulkner, nunca muere y ni siquiera es pasado. Controlar la narrativa de lo ocurrido es un objetivo fundamental del ejercicio del poder. Los mitos fundacionales, los personajes centrales y las gestas del “pueblo” o de la “patria” alimentan discursos de campaña y de gobierno; habitan textos escolares, expresiones culturales y exaltan o esconden rasgos, formas y atributos. Somos las historias que nos contamos y cómo las contamos.
En esa búsqueda de controlar el pasado, un capítulo central es aquel en que se define quién es héroe y quién es enemigo. Porque ninguna historia que movilice y emocione puede obviar la dicotomía buenos contra malos y su desenlace obligatorio de los buenos venciendo a los malos. Ni la complejidad ni las responsabilidades compartidas ni mucho menos el reconocimiento del otro y sus razones dan para una buena historia oficial o de oposición.
Se creería que mientras más pase el tiempo y mejor conozcamos el pasado, los discursos y narrativas se van consolidando y dejan de estar en disputa, pero no es así. La figura de Simón Bolívar, por ejemplo, sigue siendo cambiante, polifacética y problemática. Libertador, visionario y demócrata para unos y traicionero, violento y autoritario para otros. De una parte, sus fascinantes logros militares, su insistencia en un proyecto latinoamericano unitario y la potencia y claridad de sus diagnósticos y escritos y, de la otra, la “navidad negra” en el sur, el “decreto de guerra a muerte” y la Constitución de Bolivia. Como siempre, el verdadero Bolívar está en algún punto intermedio.
Esta semana el presidente nombró en el Centro Nacional de Memoria Histórica a un personaje que lleva años negando la existencia del conflicto armado en el país. D´mar Córdoba ha dicho, en el programa radial La Hora de la Verdad y en otros foros, que “no hubo un conflicto armado” y que “la narrativa dominante ha buscado equiparar la legitimidad de los soldados y policías con el accionar de los grupos al margen de la ley”. Ambas afirmaciones hechas por el nuevo funcionario son falsas.
El derecho internacional humanitario vía tratados y protocolos (Convenios de Ginebra de 1949 y Protocolo adicional de 1977) y por el desarrollo jurisprudencial (Tribunal Penal para la Ex Yugoslavia TPIY -caso Tadic y CPI-casos Lubanga, Katanga y Bemba) han definido el conflicto armado interno como aquel en que se desarrolla violencia armada prolongada entre el Estado y grupos organizados o entre tales grupos. Los pronunciamientos judiciales han tenido en cuenta dos criterios acumulativos para definir la existencia de un conflicto armado: la intensidad (número de víctimas, tipo de armas, frecuencia y escala de ataques y papel de las fuerzas armadas) y la organización de los grupos involucrados (cadena de mando, capacidad de ejecutar ataques y logística). Con 10,2 millones de víctimas registradas, más de 100,000 combatientes ilegales y una duración entre 50 y 60 años de enfrentamientos armados sostenidos, no cabe duda de que lo ocurrido en nuestro país cumple, con creces, los criterios exigidos por el derecho internacional para ser un conflicto armado.
Algunos negacionistas del conflicto como el Dr. Córdoba afirman, equivocadamente, que reconocer la existencia del mismo es darles legitimidad, reconocimiento político o beligerancia a los actores ilegales involucrados. Falso. El artículo 3 común a los Convenios de Ginebra dice textualmente: “La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efecto alguno sobre el estatuto jurídico de las partes en conflicto”, y decisiones de la Corte Constitucional y tribunales internacionales (TPIY y CPI) lo han ratificado. Este cuento no aguanta un análisis jurídico básico, pero mueve la emoción y fortalece la “batalla cultural”. Adicionalmente, estas mismas fuentes del derecho internacional reconocen e impulsan la jurisdicción y competencia de los Estados para investigar, juzgar y condenar las violaciones en el ordenamiento interno e internacional en medio del conflicto. Ni equivalencia ni impunidad.
Reconocer la existencia del conflicto, un hecho factual y jurídico, no significa ser indiferente ni mucho menos ser apologista de este. El conflicto armado ha sido una tragedia para nuestro país. Una tragedia que ha causado dolor, deslegitimado nuestras instituciones y destruido familias, comunidades y organizaciones. Una tragedia que ha costado talento, capacidades, capital social, miles y miles de billones de pesos y que ha profundizado los problemas estructurales que nos agobian. Salir en estos tiempos, cuando conocemos perfectamente lo que ha pasado, a relativizar o a validar la violencia o el uso de las armas como herramienta política (“Guerra total”, uso de símbolos y banderas de guerra u otros) es ser indolente, irresponsable y antidemocrático.
Nuestro capítulo del conflicto armado, que desafortunadamente aún no se cierra, tiene demasiadas víctimas, concentra muchas tragedias y genera inmenso dolor para ser algo distinto a un gran fracaso nacional. Un fracaso que no podemos negar y, mucho menos, glorificar. Sobre el conflicto armado hay que hablar y lo debemos estudiar y entender, no para exaltarlo o para refundar la patria, sino para concluir, sin esguinces ni sutiles excepciones, que la mezcla de política y armas no es nunca una opción en un régimen democrático. Ese tendría que ser el único cuento que nos echáramos sobre el asunto.
Otros escritos de este autor: https://noapto.co/santiago-londono/
