A nueve meses de las elecciones presidenciales y 13 del cambio de mando, ya es muy difícil encontrar un capítulo en el que este gobierno pueda decir que está cumpliendo objetivos. Hay temas como el desarrollo de la Reforma Agraria Integral contenida en el Acuerdo de paz de 2016 que, sin duda, muestran avances frente a gobiernos anteriores, pero que están lejos de las metas que el mismo gobierno se puso en el Plan Nacional de Desarrollo (Rocío Londoño, Razón Pública). Otros, como algunos indicadores macroeconómicos en los que el gobierno comparte responsabilidades con terceros como el Banco de la República (inflación) o con procesos económicos internacionales (dólar), muestran resultados parciales positivos y bienvenidos, pero se salen del alcance de la acción gubernamental.
El gobierno de Petro llegó al poder acompañado de grandes expectativas en muchos frentes. Los debates y las críticas que hicieron durante tantos años en la oposición parecían presagiar la llegada de un equipo con aprendizajes y experiencia (en cuerpo ajeno) que gobernaría diferente y obtendría mejores resultados en cuánto a ejercicio de derechos y mejora de condiciones de vida. Entendiendo que el asunto es extenso, en esta columna me voy a concentrar en uno de los muchos temas urgentes, Paz total-seguridad, y dentro de ese tema en un dato que se publicó esta semana: 45% de incremento en el número de combatientes ilegales desde el inicio del gobierno.
La fuente del dato es un informe interno de las fuerzas armadas en el que se hace el conteo de los miembros por cada grupo armado ilegal y territorio. El mismo se realiza con seguimiento mensual desde hace más de 35 años y es un insumo para las instituciones de seguridad del Estado. El informe en mención da cuenta de un total de 21,958 combatientes ilegales y auxiliadores, contra 15,120 al inicio del gobierno Petro. En el gobierno Duque el incremento para el cuatrienio fue de 17%, pasando de 12,883 a 15,120. El Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, cuenta con 7,550 miembros mientras el cincuentón ELN tiene 6,245 (en el 2010 tenía aprox 2,500) y el Estado Mayor Central (Iván Mordisco) figura con 3,279. El resto de los combatientes se reparten entre la Segunda Marquetalia y sus disidencias, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y múltiples grupos locales.
El informe es preocupante por muchos motivos y demuestra el fracaso de la política de “paz total” y la ausencia de una estrategia de seguridad. El crecimiento de combatientes ilegales también cuestiona y deforma el discurso repetido por el presidente, sus ministros y sus seguidores de que el actual gobierno es el de “los nadies”, las márgenes y los territorios olvidados. Porque precisamente es allá, en la Colombia profunda, en la que se siente, se vive y se sufre la multiplicación de actores armados ilegales. Se calcula que los actores armados están activos en cerca de 450 municipios (con múltiples municipios con presencia de dos o más grupos).
El ingreso de un hombre o una mujer a un grupo armado es una tragedia personal, familiar y comunitaria. Cuando, además, los reclutados son menores de edad (hubo 578 en el 2024 según Defensoría del Pueblo) es un crimen internacional y una condena de muerte para sus víctimas. El reclutamiento es, sin duda alguna, un fracaso del Estado porque demuestra la vulnerabilidad y la ausencia de derechos de los ciudadanos y el poder y alcance de los grupos armados. El incremento en combatientes prueba que los grupos disponen de mayores recursos (narcotráfico, minería ilegal, tráfico de personas etc.) y resulta en mayor control territorial y mayores afectaciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos en las zonas de acción.
Además de las afectaciones personales y comunitarias, el incremento en presencia armada ilegal es una tragedia para nuestra democracia y una oportunidad única desperdiciada. Los 13,000 combatientes de las FARC que entregaron las armas eran hegemónicos en muchas zonas del país. Eso quiere decir que con decisión, estrategia y recursos el Estado pudo haber hecho presencia con instituciones, oportunidades y seguridad librando a los ciudadanos del yugo siempre injusto y criminal del actor armado. Ni Duque ni Petro lo hicieron y, para ser francos, nosotros los ciudadanos tampoco se los exigimos ni reclamamos de manera contundente.
El próximo gobierno encontrará un país desencuadernado en muchos frentes. Crisis fiscal, crisis del sistema de salud, desmonte de programas culturales y deportivos, alta polarización política (impulsada en gran parte, aunque no exclusivamente, por las bodegas pagadas con recursos públicos) y una mayor fragmentación territorial. Heredará también 8 mesas de negociación con tiempos, metodologías y logros entre opacos e inexistentes y, según analistas como Eduardo Pizarro y la FIP, en parte responsables del crecimiento de los grupos armados ilegales.
Superar el eslogan electoral de gobernar para las márgenes y los territorios olvidados requerirá una política de seguridad coherente, sustentada y rigurosa que respete los derechos humanos, permita la inversión pública y privada y lleve o fortalezca las instituciones del estado. Será necesario revisar con realismo, datos y claridad, las mesas de negociación existentes para decidir su futuro. El o los procesos que sobrevivan harán bien en reconocer las lecciones de tantos procesos de paz previos. No nos puede parecer normal que largas extensiones del territorio nacional estén en disputa entre el Estado y actores armados ilegales o entre estos. A más combatientes, menos derechos, menos oportunidades, menos futuro. No tiene que ser así.
Otros escritos de este autor: https://noapto.co/santiago-londono/
