La semana pasada empezó la audiencia pública de Salvatore Mancuso ante la JEP. Su testimonio hasta ahora no es nada nuevo. Organizaciones sociales y de DDHH, periodistas, investigadores y políticos denunciaron hace mucho tiempo la alianza entre el Estado, la sociedad civil y los paramilitares para enfrentar a las guerrillas, principalmente, a las FARC. El país conoce bien que Mancuso y otros comandantes paramilitares masacraron comunidades bajo el argumento de ser auxiliadores de las FARC, con la ayuda, directa o indirecta, según el caso, del Ejército Nacional de Colombia. Al respecto dijo: “de manera irregular, dentro de esas operaciones, acusábamos a campesinos de ser guerrilleros”.

Se sabe ampliamente cual fue el papel de las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada (Convivir) en el fortalecimiento de las AUC, y su rol decisivo en el desplazamiento forzado y en el expolio de tierras de la mano de funcionarios del Incora y el Incoder. La influencia de Ganacor, Fedegán y otros sectores económicos en la financiación paramilitar. Los congresistas elegidos por el paramilitarismo. El papel de la Convivir “el Cóndor” luego de los hallazgos del parqueadero Padilla. El enmarcado benevolente de algunos medios de comunicación con los paramilitares. Se conoce cuáles fueron las condenas de Rito Alejo del Río y Jaime Humberto Uscátegui.       

Pese a una larga historia de hechos que demuestran una alianza multisectorial para la creación y el fortalecimiento del paramilitarismo en Colombia, parece que no se ha avanzado mucho en términos de reconocimiento de verdad. Las declaraciones de rechazo sobre lo que reiteró Mancuso son exactamente las mismas de hace 15 años. Iván Duque, por ejemplo, tuiteó: “La tal verdad de Mancuso es una venganza con el Gobierno que lo sometió a la justicia y lo extraditó a los EE. UU.”. No se ve una disposición por asumir responsabilidades (directas o indirectas) o por aceptar la complejidad del fenómeno paramilitar. Uno de los principales objetivos de los promotores del No en el Plebiscito por la Paz fue la eliminación del acuerdo de lo que se denominó “Los terceros implicados en la guerra”, de aquellas personas de la sociedad civil (incluidos los políticos, pero también líderes gremiales, narcotraficantes, empresarios, terratenientes, etc.) que fueron fundamentales para la degradación de la guerra en Colombia. Con el triunfo del No los terceros responsables quedaron fuera del acuerdo y quedó sepultada la oportunidad de conocer esa verdad.

No veo que eso vaya a cambiar. Soy pesimista frente a la aceptación de responsabilidad de aquellos actores civiles determinantes del paramilitarismo, más allá de quienes ya fueron condenados por ello. ¿Qué hacer en ese caso?, ¿cómo avanzar en un proceso de reconciliación al que le falta una parte de la historia?  En la presentación del Informe de la Comisión de la Verdad Francisco de Roux dijo: “¿Por qué el país no se detuvo, para exigir a las guerrillas y al Estado parar la guerra política?, ¿cómo nos atrevimos a dejar que pasara?”. De Roux hizo un llamado a construir un proceso de responsabilidad colectiva amplio que trascienda los nombres propios. ¿Es ese el camino que debemos recorrer frente a la historia del conflicto armado en Colombia?, ¿somos todos responsables en alguna medida?, ¿cuándo todos somos responsables o nadie lo es?, ¿la reconciliación implica necesariamente el reconocimiento individual de la verdad?

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