La discusión sobre la fijación del aumento del salario mínimo para 2024 ya comenzó y se encuentra en una tremenda encrucijada debido a las cifras necesarias para tomar decisiones.

Hace unos días, el DANE presentó las cifras de productividad para 2024, datos que resultan relevantes para que la mesa de concertación del salario mínimo tome una decisión sobre el porcentaje de aumento.

Estas cifras generaron controversia. Según las entidades más importantes en análisis económico del país, existe una inconsistencia en los datos, ya que no concuerdan con las cifras de crecimiento económico trimestral ni con la tasa de empleo del año.

La cifra que más controversia causó fue el 3,73% de crecimiento en la productividad total laboral por hora de cada trabajador empleado, lo que indicaría que los beneficios generados por cada empleado por hora en el crecimiento económico aumentaron en un 3,73% frente al año anterior; dato que es sumamente distante al de productividad laboral por hora de 2023 que fue  de -1,45%, lo que representó un menor crecimiento con respecto a 2022.

El debate surge porque, según los datos trimestrales del DANE, el crecimiento económico de este año no superó el 3% y la tasa de desocupación aunque se ha venido reduciendo no es suficientemente abrupta para un crecimiento de la productividad por hora tan altos, en especial cuando el crecimiento económico ha sido menor de lo esperado.

¿Qué significa todo lo anterior? Que, aun con las cifras actuales de inflación, productividad, tasa de desempleo y crecimiento económico, la mesa técnica no tiene plena confianza para tomar una decisión sobre el salario mínimo. La dicotomía entre confiar o no en los datos del DANE puede generar una diferencia abrupta en el aumento del salario, que podría acercarse a los dos dígitos si se cree en dicha cifra.

Claramente, dada esta situación, la conveniencia de la cifra es relativa. Para los empresarios, no resulta rentable, pues indica un mayor crecimiento que conlleva costos más altos. En cambio, para los empleados, representados por las agremiaciones laborales, este dato se aproxima más a su piso mínimo de incremento, del orden del 10%.

Cada una de las partes, en especial el gobierno y los empresarios, estaba interesada en confiar en las cifras del DANE. Sin embargo, con los nuevos pronunciamientos de Fedesarrollo, ANIF y ANDI, la confianza en las estadísticas presentadas queda en entredicho, mostrando un panorama completamente diferente que podría llevar la cifra de un 3% a un 1%, según el cálculo utilizado.

La cuestión es: ¿qué tanto costaría el error de estos analistas, independientemente de quién presente la información? ¿Cuál es el riesgo de que la mesa tome un dato equivocado? La realidad es que el costo puede ser alto. Una decisión basada en una cifra errada no representa la realidad, generando presiones, afectaciones y, en algunos casos, obligaciones para una economía que no está en capacidad de asumirlas. Esto podría perjudicar fuertemente a una de las partes: ya sea el bienestar social, si el incremento salarial es menor al adecuado, afectando la calidad de vida y los ingresos de 2025, o a los empresarios, enfrentando mayores costos y restricciones laborales difíciles de afrontar, sobre todo con un crecimiento y productividad menores que el salario real.

En definitiva, independientemente del acuerdo, la medición y la decisión final, la estadística y la economía deben esforzarse siempre por asegurar confiabilidad, transparencia y exactitud en los datos. Un error, por insignificante que parezca ante los ojos del consumidor, puede generar problemas catastróficos a nivel macroeconómico, recordándonos la dura realidad de que los errores, sin importar quién los cometa, casi siempre se pagan con plata.

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