Hay destinos, tal vez, peores que la muerte; uno de ellos: el secuestro. Los criminales recurren a esta práctica de crueldad extrema para privar de la libertad y someter a torturas físicas y mentales a sus víctimas a cambio de un objetivo monetario o político. Lo grave es cuando un Estado resulta responsable de semejante delito aberrante. Y sí, en el contrato social acordamos darle a los Estados la facultad de restringir la libertad, pero con medios de control y garantías que hagan de esa privación la última ratio ante la lesión de un bien jurídico. Para que el Estado pueda recluir a un ciudadano, debe vencerlo en juicio y otorgarle todas las herramientas procesales para ejercer su defensa. Y, en caso de que tras el proceso se le condene, la pena —por lo menos en teoría— debe estar exenta de tratos crueles, inhumanos o degradantes que la hagan más gravosa de lo que ya es.
Hoy hay 38 ciudadanos colombianos secuestrados en Venezuela por la dictadura chavista, sin causa penal abierta, sin pruebas, sin juicio público ni información clara sobre su paradero o estado de salud por más de un año. Solo se ha sabido, por voz del criminal de lesa humanidad requerido por la justicia de varios países por narcotráfico y violaciones de derechos humanos, y que funge como ministro del régimen, Diosdado Cabello, que a esos 38 colombianos —3 de ellos mujeres— se les acusa de conspirar para asesinar al tirano Maduro o de instigar al paramilitarismo. De muchos de ellos poco se sabe, pues sus familias no han logrado establecer contacto, ni siquiera a través de vías diplomáticas. La incertidumbre es absoluta, el dolor de las familias insoportable y la indiferencia oficial vergonzosa.
El embajador colombiano en Caracas, Milton Rengifo, a quien se ha visto posando sonriente con altos jerarcas del chavismo, ha actuado de forma indolente y negligente ante la violación flagrante de los derechos humanos de sus connacionales. La misión de verificación de la ONU para Venezuela ha certificado que en los centros de detención los retenidos sufren torturas físicas y psicológicas: desde la precariedad de los lugares de reclusión, el hambre y las pésimas condiciones de sanidad, hasta golpizas, electrocuciones, arrancado de uñas y mutilaciones. El horror no es un rumor: está documentado, denunciado y ratificado en múltiples informes internacionales.
Del régimen de Caracas sabemos desde hace años de sus atrocidades en materia de derechos humanos. Lo que hoy realmente estremece es que el gobierno de Petro, lejos de velar por la integridad de sus ciudadanos, se comporte como cómplice —por acción o por omisión— de los crímenes de la dictadura. Petro, que posa de líder mundial y defensor de la vida y los derechos humanos, no ha desplegado acción alguna para lograr la libertad de sus compatriotas, ni ha ejercido reproche o presión contra un régimen criminal al que rinde pleitesía. Porque, claro, poco tarda en tachar de nazis a jefes de gobierno democráticos, pero con su socio Maduro posa feliz y genuflexo.
El silencio del gobierno frente a esta ignominia no es neutralidad: es complicidad. Y mientras 38 colombianos permanezcan secuestrados en las mazmorras de la dictadura, callar será siempre traicionar. No se trata de ideologías ni de simpatías políticas, se trata de la dignidad de un país y de la obligación elemental de un Estado: proteger a los suyos. Cada día de silencio es una humillación nacional, cada gesto complaciente con la tiranía es una afrenta a las víctimas y sus familias.
Manuel Alejandro Tique, Arlei Danilo Espitia, Kevin José Saavedra Basallo, Danner Gonzálo Barajas Alba, Leidy Jimena Méndez Lucema, Brayan Sair Navarro Cáceres, Carlos Alberto Cañas Carrer, Martín Emilio Rincón Quitan, Oscar Alexander Viera Zárate, Nelly Zuleima Sánchez Torres, Cristian Jesús Rodríguez, Jhonny Jhoan Villan Virgüez, Luz Estela Rodríguez Umaña, Manuel Alejandro Mazuera, Álvaro Javier Ojeda Meléndez y Segundo Manuel Cortés Preciado, junto a los demás cuyos nombres aún permanecen en la penumbra, son colombianos arrancados de sus hogares y condenados al silencio en celdas clandestinas. Se le exige al gobierno adelantar las acciones que sean necesarias para que vuelvan a casa sanos y salvos.
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