El pasado jueves 13 de febrero, en el auditorio Camilo Torres de la Universidad de Antioquia, se presentó el informe de resultados del piloto de reducción de la extorsión, realizado entre el 19 de diciembre de 2024 y el 19 de enero de 2025. El piloto se llevó a cabo en 14 barrios de la comuna 4 (Aranjuez) de Medellín y 10 territorios del municipio de Bello.

Esta iniciativa, pactada justamente el 19 de diciembre de 2024, fue un producto del espacio de conversaciones socio-jurídicas que el actual Gobierno Nacional mantiene con actores armados ilegales del Valle de Aburrá. De la implementación del piloto se desprenden varias lecciones clave:

Primero, planificar de manera rigurosa desde el inicio. No importa que se trate de una prueba piloto; es fundamental definir objetivos específicos, tareas y responsables que permitan evaluar los avances y el cumplimiento del objetivo general. Sin una planificación adecuada, el piloto desarrollado en el Valle de Aburrá parece haber dejado más dudas que certezas.

Segundo, para dar seguimiento y evaluar el piloto, es crucial comprender el contexto de partida. Es necesario identificar las características de la extorsión en el territorio, determinar la magnitud del problema y establecer quiénes son los más afectados. Para ello, se debe contar con información administrativa y datos cualitativos obtenidos a través de encuestas o grupos focales. En el caso de esta iniciativa en el Valle de Aburrá, la ausencia de una línea base debidamente establecida impide comparar y determinar en qué porcentaje se redujo la extorsión en los territorios del piloto.

Tercero, establecer una temporalidad adecuada. El periodo seleccionado presentó dificultades logísticas que afectaron la operatividad del piloto. Por un lado, la transición entre el final e inicio de año parece haber dificultado la comunicación entre instituciones oficiales y el Equipo de Observación, encargado del seguimiento, lo que impactó la recolección de datos administrativos. Por otro lado, este mismo equipo recopiló información cualitativa que evidenció la existencia de cobros adicionales durante el periodo del piloto, particularmente relacionados con “cuotas navideñas”.

Cuarto, es fundamental preguntarse cómo garantizar la validez de un piloto cuando no se integran todos los actores relevantes en la construcción de paz, seguridad y convivencia ciudadana a nivel local. De hecho, esta iniciativa aún no ha respondido una pregunta fundamental: ¿cómo asegurar que las reducciones prometidas en el fenómeno de la extorsión sean verificables, sostenibles y monitoreables a largo plazo sin la participación activa del gobierno local y de los organismos de seguridad y justicia que operan en el Valle de Aburrá?

Quinto, diseñar un protocolo integral y accesible. Un proceso de paz urbana requiere reglas claras. Para ello, es imprescindible contar con un marco de actuación integral que contemple detalles logísticos y establezca cómo se gestionarán las expectativas del piloto. Como mínimo, este documento debe especificar la temporalidad, el territorio de influencia, la situación inicial, los indicadores de resultado y el papel de los principales actores involucrados. Además, es clave que dicho protocolo sea de fácil acceso para organizaciones sociales, académicos, medios de comunicación y otros sectores interesados.

Sexto, reconocer la profunda dificultad del Estado para comprender y abordar la complejidad del fenómeno de la extorsión. Por ejemplo, investigaciones del Centro de Valor Público de EAFIT establecen que en 2024 se presentaron alrededor de 900 denuncias por extorsión, mientras que se estima que aproximadamente 150 mil hogares y negocios pagan “vacuna”.

Estos datos evidencian un alto nivel de subregistro, la baja cantidad de denuncias y la posible normalización de este pago entre familias y comerciantes, quienes lo han incorporado como un gasto fijo en su presupuesto mensual con el fin de garantizar su seguridad. En el desarrollo del piloto, el Equipo de Observación encontró que algunas personas optaron por realizar “contribuciones” por temor a perder la “prestación de servicios de seguridad”.

Séptimo, cuidar el tono y el alcance de los actos públicos. Los eventos diseñados para presentar avances y seguimientos de un piloto de este tipo deben manejarse con extrema cautela. Una presentación de resultados intermedios no es, ni puede convertirse, en un acto definitivo de reconciliación o perdón. En cualquier escenario de reconciliación, la prioridad debe ser el respeto absoluto por las víctimas, un compromiso con la verdad, una reflexión profunda sobre el conflicto y una demostración clara e indeclinable de la voluntad de no repetición. Dada la sensibilidad del tema, no puede haber espacio para la improvisación.

A juzgar por el desarrollo de la jornada del pasado 13 de febrero, el evento poco parecía un acto de reconciliación, pese a los esfuerzos constantes de algunas personas por presentarlo como tal. Tampoco pareció tener mucha relevancia el contenido del informe, el cual representaba un esfuerzo sincero del Equipo de Observación por exponer las limitaciones del piloto y señalar oportunidades de mejora.

En medio de todo, un anuncio importante fue que se buscará extender el periodo del piloto. Ojalá, en esta oportunidad, inicien con un análisis riguroso de las lecciones aprendidas.

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