El Gaula se creó hace treinta años para atender a una víctima que pide ayuda. Una familia recibe una amenaza, llama a la línea y un grupo mixto de policías, militares y fiscales entra en acción. La extorsión de hoy, en muchos casos, no produce esa llamada.
Con la misma palabra se nombran negocios distintos. Desde el patio de una cárcel, un interno marca miles de números hasta que alguien paga. En un barrio, una cuota pequeña y semanal sostiene la presencia de un grupo. En una ruta de buses, el cobro determina quién puede trabajar. En el campo, se paga por producir o por no ser atacado. Cada uno tiene su propia lógica, su propia víctima y su propia forma de pagar.
Es una renta alta y de bajo riesgo. Quizá no sea la más rentable del crimen organizado, pero sí una de las más constantes: una vez establecido el cobro, se repite y quien lo impone arriesga poco. Y deja algo más que dinero. Quien cobra pasa a decidir quién puede trabajar, qué se permite y cómo se resuelven los conflictos. Esa doble ganancia, el dinero y el control, explica por qué es tan apetecida.
Como se vive de maneras distintas, se denuncia poco. Quien paga una cuota pequeña muchas veces no se siente víctima de una extorsión. Siente que compra tranquilidad. Otros pagan por miedo, o porque no creen que denunciar sirva. Las estimaciones oficiales sugieren que la gran mayoría de los casos nunca se registran oficialmente.
El Gaula tiene un diseño que ha dado resultados. Nació con el secuestro como modelo: una línea de denuncia, un equipo unificado que reacciona y un fiscal que dirige. Con la víctima que llama, puede capturar en el momento del cobro o desmontar una red de llamadas desde una cárcel. Su punto de partida es la denuncia, y por eso el reto es llegar a la extorsión que no la produce.
La pregunta útil, entonces, no es si el Gaula está preparado. Es qué se necesita para llegar a la extorsión que no se denuncia. Esa parte del problema pide otras vías de entrada, como el rastro del dinero, el mapa de los cobros por barrio y el análisis de las llamadas que salen de las cárceles. Eso exige inteligencia financiera y territorial que complemente su trabajo. Exige también medir distinto: además de las capturas, cuántas terminan en condena y cuánto baja el cobro en el territorio. Un documento de política con metas medibles, como el que propone el DNP, sería un primer paso.
El Gaula seguirá siendo la respuesta para quien se atreve a llamar. La pregunta para los próximos años es qué hará el Estado por quien paga en silencio, que es la mayoría. Esa persona vive cerca de un grupo que la conoce y lejos de un Estado que todavía no la ve. Cerrar esa distancia no depende de esperar la llamada, sino de llegar antes, con información y presencia en el territorio. Mientras eso no ocurra, la extorsión seguirá cobrándose a plena vista y casi sin dejar registro oficial.
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