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Para escuchar leyendo:             La luz, Tostao y Los Dioses del Ritmo.

A casi un año de las elecciones legislativas y presidenciales bastante ruido se genera ya en torno a las campañas que buscan llegar o mantenerse en el poder. Se hace entonces urgente pensar más allá de los personalismos que la política nuestra nos trae, empezar a discutir las propuestas y señalar, sobre todo, aquellos temas inaplazables para un mejor país.

Les propondré, en las semanas venideras, algunos de esos frentes de arduo trabajo que aún debe afrontar Gustavo Petro y que recibirá su sucesor o sucesora. Así pues, queridos lectores, les sugiero empezar este ejercicio con la realidad energética de nuestro país y el fantasma del racionamiento que ya recorre la agenda pública.

Demos una mirada general a la situación. En Colombia, casi el 70% de la generación de electricidad proviene de las hidroeléctricas.

Esta realidad nos hace vulnerables, por ejemplo, frente a los fenómenos de El Niño que cada vez llegan más prolongados y profundos; esto sumado a los patrones de lluvia que se han hecho erráticos por cuenta de los efectos del cambio climático.

A esta realidad también hay que agregar los crecimientos demográficos, las ocupaciones irregulares del territorio y la falta de inversión en fuentes alternativas de energía. En 2022, por ejemplo, la participación en la generación total fue apenas de 0,6% para la energía solar y de 0,1% de la eólica. Por supuesto, también se deben considerar las dificultades en el acceso mismo a las fuentes tradicionales (Vigía del Fuerte, por ejemplo, apenas fue interconectado en 2021).

Ahora bien, existe un factor adicional que tiene en vilo la sostenibilidad del sector energético nacional. El Gobierno, desde 2004, subsidia el consumo básico de la energía en los estratos 1, 2 y 3, el cual se financia con una sobretasa que abonan los estratos 5 y 6. Pero este pago se ha venido dilatando por múltiples razones por lo que, junto con demoras en desembolsos también de las opciones tarifarias y otras obligaciones, existe ya una deuda acumulada de 7.6 billones de pesos que las entidades públicas han contraído con los prestadores del servicio.

Ante este panorama, tanto la Procuraduría General de la Nación como la Contraloría General de la República, han enviado mensajes de alerta a las entidades públicas de todos los niveles para poner la casa en orden. Si esta situación persiste, además de alimentar la posibilidad de apagones, las tarifas podrían aumentarse hasta en un 150%, según la CGR, que deberíamos pagar todos los colombianos.

Hay un efecto dominó que podría desatar una profunda crisis económica y social si no se dan soluciones realistas y definitivas a los problemas que agobian al sector energético colombiano.

¿Qué hacer? Empecemos por agilizar los proyectos de generación de energía que permitan reducir la dependencia de fuentes puntuales y de los subsidios para garantizar un suministro de largo plazo y sostenible.

Ajustemos el pago de las deudas, pongamos en cintura los gobiernos regionales y locales que han sido irresponsables con el manejo del presupuesto. Revisemos con lupa la infraestructura no solo de generación, sino también de interconexión, de distribución y de acceso.

Colombia no puede vivir a oscuras. Señores precandidatos ¿Son capaces de responder ante estos problemas? ¿Saben cómo y qué hacer para atenderlos? El país merece soluciones, la gente merece vivir mejor.

Ánimo.

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