Escribo esta columna el domingo 27 de julio, un día antes de que la jueza Sandra Heredia comunique su decisión en el proceso penal de Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno de testigos. La columna será publicada el miércoles 30 de julio y, por lo tanto, ya conocida la decisión, se habrán publicado mares de tinta sobre la misma. Soy consciente de que corro el riesgo de, como nos suele pasar a los columnistas, ser irrelevante o repetitivo, pero mi perspectiva sobre este proceso, y lo que lo ha rodeado, no requiere conocer el fallo judicial.
Valga aclarar algunos asuntos. Soy abogado, pero no soy penalista y llevo muchos años sin ejercer el derecho en general. Segundo, no hice un seguimiento detallado del proceso (ni de los escritos ni de las audiencias) y por ende no puedo entrar a hacer un análisis jurídico de fondo. He leído, eso sí, varios análisis de abogados serios que concluyen que la sentencia debe ser condenatoria y otros que debe ser absolutoria.
Me interesa el contexto político-mediático del proceso por los aspectos complejos de este país y de nuestros males estructurales que allí se evidencian. Esos ni van a cambiar ni van a desaparecer después del sentido del fallo. Todo lo contrario, lo que claramente se puede vaticinar desde ya es que la polarización y el odio se profundizarán y encontrarán en la justicia, en la juez Heredia, el blanco de su ira y la disculpa perfecta para avanzar en sus objetivos.
Por parte del expresidente Uribe, cuando la justicia se acerca a sus feudos, son varias las narrativas puestas en marcha a través de los años. La primera, ha sembrado un manto de duda sobre la rama y sus actores con señalamientos de politización y parcialidad. Durante la parapolítica, por ejemplo, el entonces presidente acusó a la Corte Suprema de Justicia de actuar con “prejuicio ideológico contra el uribismo”. Cuando la corte en el 2020, en este mismo proceso que se falla esta semana, ordenó la detención domiciliaria de Uribe, sus seguidores se fueron lanza en ristre contra la institución llegando incluso a llamarla “castrochavista”. Ni Uribe ni su plana mayor pidieron respeto por la justicia o por la institución. Hace unos pocos días, la ex revista Semana, que es hace algún tiempo una plataforma político-electoral, publicó una nota donde concluyen que la juez Heredia, citando a un amigo suyo del colegio, es de “ideología de izquierda” y una “mujer rebelde”. Parece un adelanto para deslegitimar una posible condena y, a la vez, una advertencia. Para ellos no hay justicia, salvo que vaya de su lado.
El ataque sostenido a la justicia, ha sido una constante en los procesos y condenas de los ministros y altos funcionarios de los gobiernos de Uribe y este ha sido un actor fundamental en el mismo. En los casos de Arias, Pretelt, Palacio, Velásquez (Alberto condenado y Cesar Mauricio condenado y prófugo), Del Castillo, Hurtado y Noguera, por mencionar algunos, se ha desplegado toda una maquinaria de desprestigio y cuestionamiento a las instancias judiciales que han llevado los procesos.
Otra manera de intentar afectar e incidir en la administración de justicia es olvidar la ley, el proceso, las pruebas y su análisis y centrarse en las posibles consecuencias de un fallo condenatorio. He leído por estos días análisis sesudos de defensores de Uribe sobre las consecuencias geopolíticas de una condena al expresidente. Que sería terrible para la democracia y sus defensores. Que empoderaría al débil progresismo criollo. Que sería un triunfo de los regímenes autoritarios de izquierda. Lo de ellos es la “justicia estratégica”. ¡Absurdo!
Pero no son solo los uribistas los que han visto el proceso penal como plataforma política o herramienta para avanzar sus intereses. En parte de la izquierda el juicio al expresidente se ha vuelto algo así como la posibilidad de probar toda una serie de señalamientos históricos sobre los más diversos temas. A esos opinadores tampoco les interesa la ley, las pruebas o la administración de justicia y solo les sirve una condena. Una condena no por el fraude procesal y el soborno de testigos, sino por genocidio, desplazamiento forzado y crímenes contra la humanidad. Para este grupo de personas esta es la oportunidad de empezar a saldar deudas del pasado y no les importa si en el proceso se prueba la comisión de los delitos por los cuales se acusa a Uribe. Lo suyo es la “justicia histórica”.
En el Estado de Derecho los ciudadanos entregamos un poder tremendo a los jueces. Un poder que tiene recursos, instancias, frenos y contrapesos y que conlleva una inmensa responsabilidad. Esperamos de nuestros jueces y juezas que decidan en justicia, en derecho. La norma, los hechos, las pruebas y su relación. La justicia en nuestra democracia no tiene apellido ni color ni un fin último distinto a ella misma. Es la justicia por la justicia, sin importar quién es el imputado ni qué hizo hace algunos años ni que pueda hacer en un futuro próximo. Si reza o es padre, madre y abuelo o abuela o si tiene una fundación para proteger niños y niñas abandonados o si es infiel a sus parejas o hincha de este o aquel equipo. Nada de eso le importa a la justicia y todos los que nos consideramos demócratas debemos asegurarnos de que así sea. Debemos también, contrario a la eterna disputa político-electoral, llevar la crítica y la contradicción de las decisiones judiciales a los recursos y medios procesales.
Deslegitimar, manipular o instrumentalizar la justicia es un atentado contra nuestros derechos…y contra la democracia. Fallen en justicia. Solo en justicia.
Otros escritos de este autor: https://noapto.co/santiago-londono/
