El trabajo es una categoría en disputa y tiene múltiples significados. El más común lo comprende como el “conjunto de actividades que son realizadas con el objetivo de alcanzar una meta, solucionar un problema o producir bienes y servicios para atender las necesidades, por el cual se puede recibir o no remuneración y retribución”. El trabajo, situado en el sistema capitalista, es la condición material que determina dónde ubicamos nuestro tiempo, cuerpo y energía, la clase social en la que se está, el relacionamiento social que se ocupa, el reconocimiento público y, por supuesto, la contribución a la economía.

Para las mujeres, sin embargo, el trabajo es algo más: es la puerta a la ciudadanía plena. Nuestro proceso histórico en la configuración del Estado, la participación y la propiedad privada en el sistema capital, hace que para nosotras la lucha por el derecho al trabajo no sea sólo la lucha por recibir ingresos por una actividad, sino por ser reconocidas como ciudadanas en este orden social. Hablamos de la categoría “autonomía económica” como la capacidad de acceder a ingresos, poder decidir dónde y cómo obtenerlos, controlar los bienes materiales y los recursos intelectuales, decidir sobre los ingresos y activos familiares, pero, especialmente, hablamos de autonomía económica para que todo lo anterior pueda darse sin perpetuar prácticas violentas en el contexto donde se desarrolla.

El trabajo y la autonomía económica permiten realizar una diferenciación entre el papel del Estado y del mercado en relación con los derechos de las mujeres. El Estado debe garantizar una vida digna y libre de violencias para todas las personas nacidas en su territorio, independiente de las actividades que éstas realicen porque prima su condición de ciudadanos. En el mercado se vende la fuerza de trabajo, es decir, la capacidad física e intelectual a cambio de una remuneración. En el mercado cualquiera que pague se considera empresario o emprendedor y cualquiera que venda su fuerza laboral es trabajador. En esta lógica, no son necesarios los derechos, sino solo el intercambio de capital.

En un contexto neoliberal se sostiene una confusión entre el derecho y el servicio, entre la necesidad y el deseo. Esta posición ideológica nos hace creer que no existe una distinción entre ser cliente y ciudadano. Dicho aparato sustenta hoy la capacidad de “agencia” como posibilidad de decidir sobre la vida y los trabajos que se ejercen, haciendo creer que donde hay relaciones de explotación existe libertad de decisión.

Por todo lo anterior quisiera interpelar la comprensión de la prostitución como “trabajo” desde el enfoque de género y la justicia para las mujeres en un contexto como Medellín y Colombia, precisamente por recordar que la reivindicación de derechos siempre es situada. 

En una ciudad con altos niveles de explotación sexual, feminicidios, violencias contra las mujeres; donde el cuerpo se reconfiguró como parte de la mercancía de las economías ilegales e informales, se construyó un estereotipo de belleza alrededor de ella, se han perpetuado abusos, violaciones y negociaciones con nuestra sexualidad, nuestros cuerpos y la ciudad, ¿se puede hablar de la prostitución como “trabajo” y camino hacia la autonomía económica?, ¿podríamos desligar la explotación sexual que se vive desde las adolescencias en nuestros barrios populares o colegios de élite, la trata de personas, el narcotráfico, el lavado de activos con muchas de las empresas Web Cam, las estructuras delincuenciales, el control territorial y la precarización de la vida de las mujeres del sistema prostituyente?, ¿podríamos hacer esta diferenciación?

En Medellín las mujeres aparecen en maletas asesinadas por extranjeros, asesinadas por sus parejas, asesinadas o violentadas por sus “clientes”, pero lo que parece relevante es que se reconozca este oficio como trabajo porque genera ingresos; no importa en qué condiciones, bajo qué estructuras, bajo qué tipos de violencias; no importa que no haya autonomía económica, interesa que genere ingresos.

Una vida libre de violencias es el pilar fundamental para la equidad y aún no comprendo cómo hacer que la prostitución no reproduzca, agudice y profundice las violencias históricas hacia las mujeres en un contexto como Medellín y Colombia. No comprendo cómo desligarlo de una lectura de múltiples condiciones de explotación pues, en la base de esta pirámide, están las mujeres empobrecidas, racializadas, migrantes, sin redes de apoyo y con historial de violencias.

Para abordar la conversación sobre la prostitución hay que trascender de verlo como “trabajo”, es necesario que exista mayor profundidad en los discursos que hoy se están profesando, porque estas reflexiones, que abogan por la practicidad, pueden ser irresponsables en un contexto como el nuestro. Hay un compromiso ético y político en dónde movilizamos nuestras palabras y desde dónde ubicamos nuestros argumentos y, a veces, los medios son mucho más políticos que los fines.

¿Cuál es el tipo de ciudadanía y autonomía económica que queremos para las mujeres de Medellín?, ¿cuáles son los medios que queremos promover para este fin?

Otros escritos dd esta autora: ttps://noapto.co/luisa-garcia/