Este gobierno tiene un no sé qué de olor a guerra, como esa mala espina y ese sexto sentido que a todas se nos activa cuando sentimos que algo está por ocurrir. Lo pensé a nivel mundial, una guerra, el apoyo abiertamente de nuestro gobierno a Israel, pero no pensé que empezaría tan cerca, en la esquina de la casa o incluso en la misma. El porte de armas. El Decreto 1368 de 2026 levantó la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego y devolvió sus efectos a quienes ya tienen un permiso vigente. Y antes de que alguien salga a decir que ahora cualquiera puede comprar una pistola y salir armado por la calle, no. El decreto no autoriza el porte libre ni elimina los requisitos legales. Pero sí cambia algo importante: vuelve a permitir que quienes tienen permisos vigentes puedan portar sus armas, bajo las condiciones y controles establecidos por la ley.
No puedo dejar de pensar en las mujeres. Porque mientras hablamos de legítima defensa, de ciudadanos de bien y de la necesidad de que la gente pueda protegerse, hay otra pregunta que parece que siempre queda por fuera: ¿qué pasa cuando esa arma entra a una casa donde ya existe violencia? ¿Qué pasa cuando la discusión no es contra un ladrón que aparece en una esquina sino contra la pareja, la expareja, el marido que amenaza, el hombre que no acepta que una mujer se vaya? Una cosa es decir que quien quiere asesinar no necesita un permiso para hacerlo. Es cierto. Quien toma la decisión de matar o lesionar puede hacerlo con un cuchillo, una piedra, un objeto cualquiera. Pero un arma de fuego no es cualquier objeto. Aumenta la capacidad letal y reduce el tiempo entre una amenaza y una muerte.
Y en Colombia no estamos hablando de un riesgo imaginario. Según la Defensoría del Pueblo, en 2025 fueron asesinadas más de 600 mujeres en el país y las armas de fuego estuvieron entre los principales instrumentos utilizados para ejercer esa violencia. Esto es básicamente la relación entre una cultura marcada por lo militar, la idea de superioridad masculina, la violencia como mecanismo de poder y las armas como símbolos de autoridad. No es solamente que exista un arma y alguien pueda usarla. También importa lo que representa y la manera en que históricamente hemos construido alrededor de ella ideas de poder, fuerza y control.
Medicina Legal ya había encontrado en un análisis sobre violencia contra las mujeres que, para el período estudiado de enero a octubre de 2017, el proyectil de arma de fuego aparecía como uno de los principales mecanismos en los casos analizados. Y esto no debería sorprendernos. Las armas de fuego son instrumentos de violencia y también lo son dentro de las casas. Las organizaciones que trabajan sobre violencia de género han documentado precisamente esa relación entre armas y violencia contra las mujeres. En México, por ejemplo, Intersecta ha estudiado cómo las armas de fuego se han convertido en un componente cada vez más importante de la violencia contra las mujeres; las cifras llegaron a mostrar que seis de cada diez mujeres asesinadas eran privadas de la vida con un arma de fuego.
Por eso me cuesta entender que en un país que todavía tiene enormes dificultades para prevenir las violencias contra las mujeres, para atenderlas a tiempo y para garantizar incluso atención suficiente en salud mental, la respuesta frente a la inseguridad sea estar más armados. Un país que no tiene acceso suficiente a primeros auxilios psicológicos, que no logra detectar a tiempo tantas situaciones de riesgo y que todavía llega tarde a muchas violencias corre un riesgo enorme cuando aumenta la capacidad de hacer daño que existe en la sociedad. Y no, esto no significa que toda persona que tenga un arma sea violenta, ni que todo permiso legal sea una amenaza. Significa que una política pública seria debería preguntarse también por los escenarios de riesgo que está creando o aumentando.
Quien más quiere tener un arma en su mano es, además, generalmente un hombre. Y eso me hace recordar uno de los pensamientos más lindos que tengo sobre las mujeres: que la mujer preserva la vida. No porque seamos incapaces de ejercer violencia ni porque tengamos una superioridad moral natural, sino porque históricamente nos ha tocado cuidar, sostener, acompañar y preservar la vida incluso cuando muchas veces nadie se ha preocupado por preservar la nuestra. Entonces una sociedad que no ha podido proteger a las mujeres hoy decide que la manera de hacerlo es estar más armada. Hay algo profundamente contradictorio en eso.
Colombia, además, no parte de cero. Ya es un país altamente armado y la frontera entre lo legal y lo ilegal tampoco es tan limpia como a veces queremos imaginar. El debate no puede reducirse a “los delincuentes tienen armas, entonces los ciudadanos deberían tenerlas”. Porque si las armas que llegan legalmente pueden terminar desviándose hacia mercados ilegales, si existen mercados grises y si el Estado tiene que controlar toda la cadena de producción, importación, comercialización, tenencia y porte, entonces aumentar la disponibilidad de armas legales sin fortalecer simultáneamente esos controles no parece precisamente una política de prevención. Y ahí está el problema: estamos hablando de armas como si fueran únicamente una herramienta de defensa, cuando también son una herramienta de violencia.
Miremos a Estados Unidos. Es difícil hablar de armas sin mirar un país donde la presencia de armas de fuego hace parte de la vida cotidiana y donde los homicidios con armas siguen teniendo un peso enorme en la violencia. Los datos de los CDC han mostrado, además, aumentos importantes en los homicidios con armas de fuego. Y México tampoco es un ejemplo menor: aunque mantiene una regulación mucho más restrictiva, la violencia armada y el tráfico ilegal de armas han alcanzado dimensiones enormes. El propio Gobierno mexicano ha impulsado programas de desarme voluntario como una estrategia para sacar armas de las calles y prevenir homicidios, feminicidios y accidentes.
Entonces la pregunta no es si las armas existen. Existen. Tampoco si una persona tiene derecho a defenderse. Claro que lo tiene. La pregunta es si la respuesta de un Estado que quiere prevenir la violencia consiste en que estemos cada vez más preparados para disparar. Porque una sociedad segura no debería ser aquella en la que todos sentimos que necesitamos un arma para sobrevivir. Debería ser aquella en la que no necesitamos llevar una encima para sentirnos protegidos.
Y me preocupa que después, cuando lleguen las cifras, nos sorprendamos. Que a comienzos de 2027 aparezca un informe mostrando que aumentaron los feminicidios cometidos con armas de fuego y entonces todos digamos que nadie podía saberlo. Sí podíamos. La prevención consiste precisamente en mirar los riesgos antes de que se conviertan en estadísticas.
No se trata de negar el derecho a la legítima defensa ni de fingir que la inseguridad no existe. Se trata de preguntarnos qué clase de sociedad estamos construyendo cuando la respuesta al miedo es poner un arma en más manos. Porque si para sentirnos seguros necesitamos estar preparados para dispararle a alguien, quizá no estamos hablando de seguridad sino de miedo organizado. Y el problema del miedo es que cuando se arma, no siempre sabe distinguir entre el enemigo que imaginamos y la persona que tenemos al lado.
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