La Corte Constitucional declaró en Colombia una situación de estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario desde hace años. Esto es, en palabras corrientes, una crisis general del sistema que vulnera las condiciones de dignidad y habitabilidad de las personas que están a cargo del Estado en privación de libertad.

El hacinamiento es lo que conocemos como una condición inhumana de permanencia en una infraestructura del siglo pasado, en donde no hay espacio suficiente para sindicados ni condenados. Las personas viven, literalmente, una encima de la otra. A esto se suman pésimas condiciones de alimentación y salubridad por problemas reiterados de ineficiencia y corrupción. Ser preso en Colombia es realmente vivir en un infierno.

Luego de los dos párrafos anteriores es normal que el lector se pregunte qué tienen que ver con el título de la columna. Paso a explicar: en una situación como la descrita, la política criminal del Estado, además de preocuparse por resolver tamaño problema, debe considerar, en un sistema ponderativo, las acciones que finalmente serán transgresoras de la ley, delitos, y en que medida los responsables de esos delitos deben ser sometidos a la prisión como sanción. No todas las acciones reprochables son delitos, en Colombia también tenemos comportamientos contrarios a la convivencia, y tampoco todos los delitos son castigados con prisión.

La decisión social sobre lo que se considera un delito es una construcción colectiva temporal que está estrechamente ligada a condiciones sociales, culturales, políticas y económicas. Esa construcción cambia, tiene mutaciones y variaciones, algunas serias y significativas. Es momento de que en Colombia se dé ese cambio en relación con el aborto para que deje de ser considerado un delito.

No puedo hablar de los condicionamientos sicológicos en el momento previo a una decisión como abortar, tampoco de los impactos físicos y mentales una vez se toma, ni de cómo lidiar con los años posteriores a la decisión. No puedo ni intentarlo por ser hombre y eso es algo que solo puedo tratar de entender desde la voz y el sentimiento de las mujeres. Moralmente me siento cercano a la idea de dejar que todas las mujeres tomen decisiones sobre su cuerpo sin interferencias, incluida la de abortar si así lo consideran, creo que lo mínimo que podemos hacer como sociedad es no interferir en la agencia de la mujer para decidir sobre su cuerpo y ser, ya que en tantas otras cosas nos hemos entrometido.

Pero no pretendo convencer con el argumento moral que yo considero válido, pretendo hacerlo con uno más práctico ligado a la administración pública del sistema penitenciario y carcelario. El aborto debe estar despenalizado porque no tiene sentido que en un estado como el que se encuentra nuestro sistema penal, un policía de investigación judicial, un fiscal o un juez dediquen su tiempo a investigar, imputar y condenar a una mujer que tomó la decisión de abortar para luego someterla a condiciones de vulnerabilidad enormes en una cárcel hacinada. Las prioridades de política criminal en Colombia no pueden ni deben estar en perseguir a las responsables del delito de aborto y es algo evidente si pensamos en los demás delitos, en los que sí debe enfocarse el sistema de investigación y juzgamiento penal. Por tanto, la decisión de despenalizar es la más razonable para descongestionar el sistema en general, en caso de que la razón moral de permitir la agencia de la mujer sobre su cuerpo aún no convenza del todo, cosa que yo no entiendo. 

Esto permitiría, a la par, enfocar la atención de una situación que lo amerita ya no a lo penal, sino a intervenciones de salud pública, tratamiento y acompañamiento social, educativo y sicológico para toda mujer que considere, dude o realice un aborto. Claro que el Estado debe intervenir, con las entidades de salud y servicio social, no con su faceta penal.