En estos días, ante tanta convulsión por lo que está pasando con Trump, USAID y sus decisiones sobre la diversidad y la inclusión, donde tiene en jaque a un gran porcentaje de las organizaciones sociales del país frente a su financiamiento y sostenibilidad, paralizando programas y generando cuestionamientos y dudas sobre la garantía de los derechos humanos en el mundo, me hago algunas preguntas.

¿Cómo resolver los problemas públicos que aquejan a los países? ¿Es responsabilidad exclusiva del Estado? ¿De la cooperación internacional, el sector privado o el sector social? Sin duda, es responsabilidad de todos los actores involucrados.

Los problemas sociales son complejos, afectan a múltiples poblaciones y evidencian que la garantía de los derechos aún es un acto en disputa que se está construyendo en la vida cotidiana. Sin embargo, si es multicausal, requiere de un trabajo articulado entre todos los sectores. ¿Por qué parece que la crisis afecta sólo a un sector?

En 2024, el 70% de la inversión en desarrollo humanitario en el país proviene de Estados Unidos. Son alrededor de 400 millones de dólares y generan más de 10.000 empleos para el sector social.

El gobierno de Estados Unidos decidió congelar las operaciones de USAID. Con esta decisión, proyectos ambientales, el cuidado del Amazonas, la implementación de los acuerdos de paz, el fortalecimiento institucional, la equidad de género, el desarrollo rural y la migración, entre otros, están en peligro de desaparecer. Así como las organizaciones sociales que los ejecutaban.

Considero que, como país, no estamos dimensionando las consecuencias de esta decisión. Pues no sólo es la pérdida o el debilitamiento de un sector, sino que es la afectación directa a múltiples poblaciones que sólo mediante estos proyectos tenían intervención.

Sin duda, este no es un texto para defender a USAID. Es una pregunta contundente al Estado colombiano. Pues, ¿desde qué momento el Estado descargó la responsabilidad de garantizar los derechos humanos y promover el desarrollo social en la cooperación internacional? Es más, ¿cuál es el plan de contingencia que está diseñando para acompañar y no dejar caer los proyectos ante lo que está sucediendo?

Las organizaciones sociales no deberían estar montando encuestas para reconocer el impacto de esta decisión, ni pensando qué proyecto montar para venderle a otra cooperación, o negociando sus agendas para poder sobrevivir. Ni mucho menos deberían estar construyendo mesas de articulación para analizar el impacto. Tal vez deberíamos estar exigiéndole al Estado que asuma su lugar.

Por otro lado, ¿el sector privado qué está pensando? Y esto es grave y preocupante. Pues ahora, solo por el ruido generado por Trump y sus aliados, está poniendo en tela de juicio sus agendas de sostenibilidad y diversidad. Todo lo construido, todos los resultados obtenidos al incorporar dichas preguntas se están poniendo en duda. Y tomando decisiones que retroceden incluso con su propia rentabilidad. Dejando explícito que estas conversaciones solo fueron fruto de tendencias y no de una reflexión profunda sobre la importancia de dichas agendas.

También me pregunto, ¿cuál es el papel de la cooperación internacional? ¿Era imponer una agenda con su financiación o aportar en lo que ya se venía construyendo en el país? ¿Cómo permitimos que se generara este nivel de dependencia? Claro, esto es una manifestación del neocolonialismo, por supuesto.

Con todo lo anterior, reflexiono, ¿era entonces nuestra agenda por el desarrollo social y los derechos humanos? ¿O simplemente fue la adaptación a las tendencias de EE. UU. y, por ende, en su financiación? ¿Cuál es entonces la propia agenda de un país como Colombia? ¿Cuáles son los puntos en común que nos unen como sectores? Porque el problema no es solo de financiamiento, es de construcción de agenda pública para resolver los problemas sociales que nos agobian.