“No se ha entrado al Plateado porque no ha habido una decisión articulada para entrar”, le respondió el entonces Ministro de Defensa, Iván Velásquez, al Presidente de la República Gustavo Petro en el Consejo de Ministros del pasado martes, 4 de febrero. Y luego añadió que desde el inicio de la prometida intervención el Ministerio de Defensa, la Policía y las Fuerzas Militares habían insistido en que “no podemos quedarnos indefinidamente [en El Plateado] sin una presencia real del Gobierno que permita la transformación de este espacio”.

¿La intervención produce desasosiego y desesperanza? No sé. A lo mejor podría generar la reacción comprensiva del televidente de que una respuesta contundente e integral del Estado no puede planearse de la noche a la mañana. Sin embargo, aquí el punto clave es justamente que lo de El Plateado no es algo de la noche a la mañana. Y en esto radica la verdadera tragedia institucional que implica la respuesta, que no duró más de 45 segundos, del exministro Velásquez al presidente Petro.

A mediados de octubre del año pasado el tono de Velásquez no era cansino. Por el contrario, en esa ocasión sus declaraciones enérgicas se producían directamente desde El Plateado, rodeado de altos mandos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. “Aquí estamos y no cabemos los dos, vamos a sacarlos de este territorio”, afirmaba el ahora exministro al frente Carlos Patiño, que hace parte del autodenominado Estado Mayor Central (EMC), un grupo de disidencias de las FARC que encabeza ‘Iván Mordisco’.

El Plateado es otro punto del territorio nacional que evidencia problemas para ejercer un control efectivo. Los habitantes de este corregimiento de Argelia (Cauca) continúan esperando el cumplimiento de la promesa gubernamental de expulsar al frente Carlos Patiño y consolidar una presencia estatal real. Esto implica garantizar acceso a educación, salud, infraestructura vial, saneamiento básico y el impulso de proyectos productivos que brinden alternativas sostenibles a la comunidad.

¿Cómo explicar la contradicción entre el discurso inicial desafiante y la resignación del ministro unos meses después? Esta inconsistencia solo expresa la incapacidad estructural del Estado nacional para implementar un plan integral que combine de manera efectiva la represión contra los grupos criminales, el control territorial sostenible, la prevención de la violencia y la generación de oportunidades económicas que ofrezcan alternativas reales a la población.

A diferencia del Estado, la criminalidad sí comprende la magnitud y el valor estratégico de este territorio. Entre los corregimientos El Plateado y Huisitó (El Tambo) y el casco urbano de El Tambo se extiende un área clave para la ilegalidad. Su relevancia radica, por un lado, en su ubicación geográfica privilegiada que conecta las montañas del Cauca con el Océano Pacífico, ofrece acceso a vías fluviales y se encuentra cerca de la frontera sur del país. Por otro lado, su persistente fragilidad institucional, reflejada en altos índices de pobreza, empleo informal y una gobernanza criminal arraigada.

El dominio de los grupos criminales se afianza al cooptar todas las etapas de la cadena productiva de la coca: cultivo, procesamiento, distribución y acceso a insumos. Y justamente en septiembre del 2023, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) informó que el enclave productivo de Argelia-El Tambo, uno de los 15 identificados en el país, registró más de 10.000 hectáreas de cultivos de coca en 2022. El mismo informe señala que esta región concentra el 11 % del total nacional de estos enclaves y posee una de las mayores capacidades productivas de hoja de coca en Colombia.

En general, el manejo de la seguridad en El Plateado refleja un Estado a la deriva, incapaz de fijar un rumbo claro y sostenido. Las decisiones intermitentes, las declaraciones inicialmente efusivas (¿e ingenuas?) que luego se tornan realistas y la falta de una estrategia integral demuestran que la navegación del Gobierno en estas aguas turbulentas sigue dependiendo de coyunturas y no de una visión de largo plazo. Mientras la institucionalidad vacila, los grupos criminales ejercen su dominio, aprovechando cada momento de duda e indecisión. Y mientras se fortalecen las economías ilícitas también se obstaculiza el desarrollo sostenible de las comunidades, atrapándolas en un ciclo de dependencia económica y vulnerabilidad social. Si no se corrige el curso, el barco de la seguridad en Colombia seguirá a merced de las tempestades del crimen organizado, con las comunidades atrapadas en su oleaje.

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