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Viernes 1º de marzo de 2019. El teatro a reventar con un ambiente vibrante de risas, fotos, abrazos y aplausos de casi 2.000 personas. Estaba sentado en las primeras filas, junto a cientos de colegas que se graduaban de derecho. La presencia del oscuro rector ensombrecía el escenario, pero me propuse no permitirle amargar una fecha que era tan especial para mi familia: después de un esfuerzo enorme, un crédito con el ICETEX, y sobre todo horas y horas de estudio en un nivel de exigencia académica que me había llevado al límite, me graduaba como abogado de la Universidad de Medellín. A quienes nos íbamos a graduar nos sentaron juntos y nos llamaron a recibir el diploma en orden alfabético.
Todo iba bien hasta que me llamaron y me dirigí al escenario, fue en ese momento cuando lo vi: en una esquina, solo y lejos del resto de graduandos, estaba sentado –o casi escondido– Julián Bedoya. Faltaban pocos minutos para que se sellara un acuerdo corrupto que iba a cambiar para siempre el curso de los acontecimientos de la universidad y de todos los involucrados, incluyéndome. A Bedoya no lo llamaron en orden alfabético sino de último[1].
Fue imposible no sentir indignación, rabia e impotencia. En lo que restó de la ceremonia solo pude pensar y darle vueltas en mi cabeza a las preguntas que me hacía: ¿Cómo se graduó este señor? ¿Cuándo vino a clases? ¿Si todo el día estábamos en la facultad por qué nunca lo habíamos visto? Sin terminar de dimensionar lo que acabábamos de presenciar, supe que algo oscuro había sucedido. Me prometí a mí mismo no usar el escudo de la universidad, ni tomarme fotos en sus símbolos, ni llevarla junto a mi título, hasta que no salieran expulsados todos los responsables de ese entramado. Puede parecer exagerado, pero no lo era para mi, pues sabía de los escándalos que acumulaba el personaje hasta ese entonces:
- Su alianza con Adolfo Palacio (ex secretario de Hacienda de Luis Pérez implicado en el caso de corrupción de Valor+) quien era su vínculo con el excongresista César Pérez, condenado en 2013 por la Corte Suprema como autor intelectual de la masacre de Segovia. Bedoya había concentrado el 50% de su votación a la Cámara en 2014 en municipios de dominio político de César Pérez en Urabá y Bajo Cauca. José Berrío, exalcalde de Cáceres y líder de la campaña de Bedoya en el Bajo Cauca, había sido capturado por presuntos nexos con el Clan del Golfo; y Alexis Cerquera cabeza de Bedoya en Urabá y excandidato a la Alcaldía de Carepa, en 2015 había recibido recursos de alias “Inglaterra”, abatido cabecilla del Clan del Golfo.
- Los escándalos en su campaña al Senado en 2018 por las denuncias del sindicato Sindesena, que demostraban el control que ejercía sobre nóminas paralelas del Sena en el Bajo Cauca, cuyo subdirector en Caucasia, Braulio Suárez, a través de un audio revelado por Noticias Caracol, pedía a los “amigos” de la institución mínimo 30 votos para Bedoya bajo amenaza de perder el puesto. Además, en Caldas, La Estrella, Santa Fe de Antioquia y Cáceres se conocieron audios, videos e imágenes denunciando corrupción, vínculos con bandas y presiones para votar por Bedoya.
- Su ausentismo a la tercera parte de las sesiones del Congreso demostrado por la Veeduría #TrabajenVagos (en las regiones se decía que Bedoya era el mejor relacionado en Bogotá para frenar procesos de exalcaldes investigados).
- Los 16 contratos de su esposa con alcaldes aliados por cerca de 600 millones de pesos, y los cargos a la ‘medida’ de su hermana en la Contraloría de Antioquia, quien llegó en 2017 de la mano del contralor Sergio Zuluaga (condenado por corrupción). Según hallazgos de la Auditoría General de la República, se reducían los requisitos de los diferentes cargos para que su perfil encajara (¿Los recursos públicos para su familia y sus socios?).
Sin embargo, el escándalo que más cerca nos pegó fue su mentira al aire sobre su profesión: en 2015, en una entrevista Yamit Amad le preguntó: ¿Usted es abogado?, a lo que respondió “estudiamos derecho en la Universidad de Medellín”, el periodista insistió en la pregunta: ¿Usted abogado?, a lo que Bedoya indicó “sí”. El entonces decano Juan Carlos Vásquez desmintió públicamente a Bedoya, en entrevistas en Semana y El Colombiano afirmó que el congresista nunca había cumplido los requisitos para graduarse de la UdeM. Con ese contexto me lo encontré en el Teatro de la Universidad el día de los grados, y es ahí por donde se conecta esta historia.
Empezamos a investigar y a atar cabos, radicamos peticiones, nos aliamos con la veeduría #TrabajenVagos y comenzaron a estallar las denuncias y a llegar información por distintas fuentes, cuyo desenlace fueron los siguientes hechos reconstruidos y documentados por la Corte Suprema, medios de comunicación y otras entidades:
- Bedoya entró a la facultad en 2001–I y se retiró varias veces. En su último reingreso en 2018–II, llevaba 17 años estudiando derecho, con un promedio acumulado de 2.7 y con 11 materias por cursar y aprobar, trabajo de grado, exámenes preparatorios, segunda lengua, consultorio jurídico y examen de Estado. Bedoya debía ingresar en el Plan de Formación 5, pero le fue autorizado Plan de Formación 4 (para evitar la acreditación de la segunda lengua). Por reglamento su reingreso debía ser evaluado por el Consejo de Facultad, sin embargo, este fue avalado por Juan Felipe Hernández, subsecretario de la Universidad (supuestamente representando al Consejo Académico) y ojo: el reingreso fue aceptado en acta 1593 del 27 de septiembre de 2018, pero la solicitud e Bedoya fue radicada el 8 de octubre de 2018 ¿Cómo le aprobaron una petición que no se había radicado? Hernández respondió a la solicitud de Bedoya antes de ser radicada, anexando al acta un documento que fue presentado 11 días después.
- Así empezó la burda maratón de exámenes: Bedoya decidió no cursar las materias que debía, sino “presentar” 11 exámenes de suficiencia, 4 preparatorios, 2 seminarios, un curso de protocolo y un trabajo de grado. Los exámenes solo tenían la firma de un jurado (cuando deberían ser dos por reglamento), además, los jurados ni siquiera eran docentes de las áreas que evaluaron, por ejemplo Juan Felipe Hernández –quien firmó su reingreso– le aprobó los exámenes de Sociología y Filosofía sin ser profesor de esas materias, y en todos los preparatorios John Mario Ferrer fue evaluador, aun en aquellos que no eran de su área. Para estos exámenes se exige una sustentación escrita y oral, sin embargo, los exámenes escritos que debía entregar Bedoya extrañamente desparecieron. Julián Rendón –quien le pasó los exámenes de Sucesiones y Derecho de Familia– confesó que no hubo exámenes pues la secretaria Yolanda Cossio les hizo firmar actas en blanco para luego poner las notas aprobatorias como un favor al entonces rector Néstor Hincapié. Además, Bedoya presentó preparatorios sin haber aprobado las materias que eran prerrequisito para presentarlos. Todas estas asignaturas fueron aprobadas en cuatro días, mientras cumplía deberes como senador y viajaba a Cancún varios días de vacaciones. En dos de las jornadas de exámenes, Bedoya presentó y aprobó 4 suficiencias y 3 preparatorios que en tiempo real sumarían cerca de 11 horas, además algunos fueron presentados en días que no estaban habilitados para tales fines. Ante estas irregularidades, la Consiliatura de la Universidad estableció que 9 de los exámenes no serían válidos.
- Ferrer no solo fue jurado de Bedoya en cuatro áreas que no dominaba, sino que además le propuso ser su asistente en la publicación de un libro para que cumpliera su tesis. Dijo Bedoya “Realicé todo el análisis y todas las fichas bibliográficas y en enero (de 2019) entregué el producto al investigador John Mario Ferrer”. Según la Procuraduría, Ferrer “vio la oportunidad de colaborarle al congresista, a quien conoció años atrás en el pregrado de la carrera”. El problema es que cuando Bedoya entregó su “investigación” el proyecto ya estaba terminado: Amalia Cano –jefe del sello editorial de la Universidad– certificó que la última versión del libro se envió en junio de 2018 (3 meses antes de que Bedoya reingresara), que no había registro que acreditara que el excongresista había participado en su elaboración y que en septiembre ya había finalizado el proceso de investigación, ya tenía ISBN y se habían hecho las últimas pruebas de impresión.
La Universidad de Medellín certificó que no ha existido un caso igual en toda la historia de la institución, en el que un alumno presente 4 suficiencias y 3 preparatorios en un mismo día, exámenes en los que, estadísticamente, es difícil aprobar en el primer intento. La Procuraduría analizó 715 exámenes presentados por 390 estudiantes, calificando el caso Bedoya como una “anomalía estadística”, concluyendo que fue el único que presentó 16 exámenes en el menor tiempo y “los aprobó en su totalidad en el primer intento”. Concluyó La Corte Suprema de Justicia en un documento de 170 páginas en el cual resolvió la situación jurídica de Bedoya: “De conformidad con las pruebas se puede inferir a la luz de la lógica y la sana crítica que es poco creíble, por resultar inusual o casi un imposible físico que un estudiante surta tantos exámenes en tan poco tiempo (…) Sin remisión a duda, para la Sala el procedimiento expedito, preferencial y al margen del reglamento aplicado al procesado en lo atinente a la solicitud pago, programación, designación de jurados y la realización de 11 exámenes de suficiencia y uno especial permite inferir de manera razonable el interés o móvil que tuvo Bedoya Pulgarín para determinar la presunta comisión de conductas antijurídicas en quienes tenían la facultad de facilitar la titulación exprés finalmente otorgada. Hechos indicadores debidamente acreditados por la Sala a partir de los cuales se deduce también el carácter apócrifo de las actas que registran la presentación de los exámenes y las notas todas aprobatorias del estudiante y hoy senador”.
Julián Rendón también confesó que Bedoya contactó a Ferrer para que le ayudara a graduarse y que éste lo llevó a hablar con el rector Hincapié, con el que hubo un pacto en el que este le entregaba el título, a cambio de 6.000 votos para su candidata al Concejo de Medellín en las elecciones 2019, Aura Marleny Arcila.
En 2019 conformamos un movimiento de estudiantes y egresados exigiendo la renuncia de Hincapié, la anulación del título de Bedoya, y la elección de una rectoría por concurso de méritos, para acabar con la politiquería en la Universidad. El movimiento lideró reuniones, plantones, asambleas, velatones, denuncias en medios y redes, y logró todos sus cometidos.
En junio de 2022, el Ministerio sancionó con 5 años de inhabilidad al exrector Néstor Hincapié y a Hernández; la Sala Penal de la Corte Suprema investigó a Bedoya como determinador de los delitos de fraude procesal, concierto para delinquir y falsedad ideológica en documento público y privado; La Fiscalía imputó el delito de falsedad en documento público a Hincapié, Yolanda Cossio, Juan Felipe Hernández, John Mario Ferrer, Juan Carlos Hoyos, Saúl Benítez y Julián Rendón; la Procuraduría imputó faltas graves a título de dolo contra Bedoya por haber usado la influencia de su investidura para conseguir graduarse desbordadamente rápido; La Consiliatura expidió una investigación de 57 páginas, el Consejo Académico anuló el reingreso y la Universidad le pidió al Consejo de Estado que anulara el título.
Sin embargo, como Bedoya no volvió al Congreso, su caso fue remitido por competencia a la Fiscalía, que recibió el expediente con una montaña de evidencias demoledoras que recaudó la Corte Suprema de Justicia durante 2 años. El ex Vicefiscal General Jorge Perdomo (abogado de Bedoya) logró que se asignara el proceso a Fernando Arias, fiscal 31 en Bogotá, y de manera inexplicable el fiscal recién llegado al caso anunció que le pedirá a un juzgado penal de Bogotá que lo archive. Surgen varias preguntas:
¿Cómo es posible que la Fiscalía diga que no hay que investigar a Bedoya, luego de La Corte hubiera decidido investigarlo? ¿Cómo es posible que la Fiscalía solicite archivar el caso desconociendo la decisión del Ministerio de Educación? ¿La Fiscalía va a desconocer el proceso adelantado por la propia universidad en cabeza de sus nuevos dirigentes, en el que se reconocieron las irregularidades? ¿Por qué la Fiscalía reconoce la existencia del delito por un lado imputando a docentes y directivos (que están en juicio), y por el otro pide que se precluya el caso contra Bedoya por los mismos hechos?
La solicitud de preclusión del fiscal Arias resulta inexplicable, irregular, prevaricadora, y oportunísima para Bedoya, apenas semanas después de que este lanzara su campaña a la gobernación de Antioquia con una multimillonaria parranda vallenata en la que trató de comprar el apoyo de la prensa regalando bonos y tablets, y anunció el apoyo de Carlos Andrés Trujillo junto a varios políticos como Fabio Rivera y Lucas Cañas.
Julián Bedoya no presentó exámenes de suficiencia, ni preparatorios, ni tesis, ni el examen especial, y eso lo sabe la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría, El Ministerio, la Universidad, la Fiscalía y nosotros como estudiantes y egresados. Sabemos que es una burda mentira y un insulto a miles de estudiantes que se exigen en arduas jornadas de estudio para graduarse. El Fiscal General Barbosa debería sancionar lo que pretende hacer su delegado, que es una vergüenza, un insulto contra la justicia y además prevaricato, al obrar contra su deber y contra las pruebas.
Un rector sancionado por el ministerio negoció un título por votos con un oscuro senador y le colocó “profesores serviles que no tuvieron ninguna repugnancia ética de certificar que hicieron exámenes cuando realmente no fue así y de evaluar asignaturas que no conocían o que no eran de su competencia”, que una vez fueron despedidos aterrizaron como cuotas en la administración de Daniel Quintero. Fui uno de los cientos de egresados a los que Hincapié insultó graduándonos en la misma ceremonia en la que graduó a Bedoya. Nuevos funcionarios valientes emprendieron acciones para anular el título, incluso exponiendo su propia integridad. Mi reconocimiento y gratitud a las y los funcionarios de la UdeM por la lucha que han dado por recuperar la dignidad de la universidad[2].
Al señor Juez le solicito respetuosamente negar la solicitud de preclusión, y decidir con base en la evidencia que reposa en el acervo probatorio construido por la Corte Suprema, que es contundente. La UdeM, el Ministerio y la Procuraduría y demás reconocen el fraude y aportan las pruebas. Pedimos justicia ante un fiscal que está obrando contra la evidencia. Solo eso. justicia por la UdeM, justicia por Medellín, justicia por Antioquia y justicia por Colombia.
Julián Bedoya podrá lograr no ir a la cárcel, chantajear o torcer funcionarios y mantener su título solo por el hecho de que un papel lo dice. Pero nunca será un jurista, menos un líder y menos un estadista. Será solo eso: un abogado de cartón. Más allá de lo que suceda en la audiencia de este martes, las artimañas de Bedoya no serán una victoria, sino solo un obstáculo, una demora mezquina y miserable en el camino de que la verdad salga a la luz. Nadie se atreve a defenderlo ni a pronunciarse sobre el fondo, que es un negocio corrupto cuyos platos rotos los han pagado miles de personas decentes que trabajan, estudian o se gradúan de la UdeM. Sepa esto Bedoya: la verdad y la decencia siempre salen a la luz, aunque a veces se demoren.
Otros escritos de este autor: https://noapto.co/esteban-jaramillo/
[1] Aquí la grabación (ver min. 21:19): https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=2351099104940531
[2] Mi reconocimiento a Carlos Naranjo por el esfuerzo titánico realizado en presentar y sacar adelante las denuncias ante las distintas autoridades por el escándalo de Bedoya.
