Que el proyecto de reforma constitucional que pretendía regular el uso del cannabis en adultos se haya hundido en el octavo debate y por unos pocos votos, habla de la intención decidida de algunos sectores políticos de construir una relación más inteligente entre el estado y el mercado ilegal de las drogas. También habla de la mezquindad y la indolencia de una derecha anacrónica que ignora convenientemente la información disponible sobre el uso de la marihuana y sobre el funcionamiento de las rentas ilegales. 

Hay un gesto que revela estos rasgos del debate bastante bien: el trino en el que Vicky Dávila, después de invocar a Dios, celebra el fracaso de la iniciativa y refuerza dos ideas erróneas. La primera, que regular es promover el consumo y, la segunda, que prohibir la marihuana es proteger a los niños y jóvenes. Voy a detenerme en esta última; la confusión de verbos es un problema de comprensión lectora del que no voy a ocuparme en esta columna.

Quienes se oponen a la regulación de las drogas utilizando el bienestar de los niños como argumento parecen olvidar que no hay mayor peligro que crecer en un entorno con oportunidades limitadas. El marco regulatorio actual hace que la demanda de cannabis sea suplida por un mercado ilegal que funciona amparado por un sistema social injusto. La segregación educativa, la marginalización y el alcance limitado del empleo formal hacen que los niños y jóvenes pobres sean presa fácil de un sistema voraz que se alimenta de sus necesidades insatisfechas.

Según la ponencia del proyecto de Acto Legislativo  “el 52% de las personas capturadas por delitos de tráfico, porte o fabricación de estupefacientes, son menores de 25 años” y el 30% de los menores de edad que han ingresado al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes lo han hecho por casos relacionados con estos delitos. 

¿Hay un interés genuino en la niñez y en la juventud marginada cuando se busca mantener intacto el sistema que los condena a no tener futuro? El Senado eligió mantener una fórmula represiva que beneficia a unos pocos y en ese grupo de privilegiados no están los niños ni los jóvenes: el régimen de la prohibición solo favorece a quienes se lucran del narcotráfico o de la guerra contra las drogas que al final son lo mismo. 

El cambio constitucional propuesto tenía el poder de modificar una visión obsoleta sobre el consumo y de permitirnos pensar en mejores formas de vivir juntos. Con la decisión audaz de regular, lo que hoy es una renta criminal tendría el potencial de transformarse en un factor de crecimiento económico y sobre todo de justicia social: regular el uso de las drogas es proteger a los niños y a las niñas, especialmente a los más pobres, a los que hoy creen que ir al colegio “no sirve para nada” y esperan en la esquina a que les llegue el turno para ocupar su puesto en una empresa que, con las reglas de hoy, jamás va a generar un valor real para ellos.

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