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Esta semana se conocieron denuncias en medios de comunicación y redes sociales, de exfuncionarios y ex contratistas de la Secretaría de Educación de Medellín, sobre las presiones políticas que ejerció sobre ellos Albert Yordano Corredor, aliado del alcalde Quintero. Las denuncias involucran:
- Invitaciones de sus compañeros y superiores para ir a eventos políticos citados por Corredor, incluso algunos de manera engañosa, diciéndosele a los funcionarios que se trataba de reuniones de trabajo, llegando engañados y confundidos a eventos políticos.
- Envío de formularios de Google para pedir información de mínimo 20 personas cercanas a los funcionarios.
- Presiones para multiplicar la convocatoria y para llevar gente a los eventos.
- Exigencias a los funcionarios de convocar a reuniones con familiares y amigos cercanos para que escuchen a Yordano.
- Solicitudes de datos personales como número de cédula y puesto de votación.
- Coacciones a los funcionarios, obligándolos a salir de sus oficinas para ir a las afueras del Concejo y “acompañar” el video en el que Yordano renunció.
- Presiones para compartir, comentar, retwittear e interactuar con publicaciones de Corredor en redes, enviando listados por WhatsApp para que los funcionarios registren los enlaces de sus retweets, interacciones y comentarios en las publicaciones de Yordano.
Un psicólogo de la Secretaría de Educación relató las consecuencias de no cumplir con las exigencias políticas de Corredor: su contrato y el de otros 50 profesionales no fueron renovados, a pesar de llevar varios años vinculados a la Secretaría y de tener procesos de acompañamiento con jóvenes de toda la ciudad.
Corredor representa la visión perversa de lo público que Quintero instauró en la alcaldía, la misma visión con la que Luis Pérez gobernó hace años, que entiende los recursos públicos como un botín para saquear y que le “pone dueño” a la gente, una visión en la que funcionarios y contratistas no valen por sí mismos y por sus capacidades, sino que valen en la medida en que son “de Corredor”, “de Quintero”, “de Villamizar”, etc, siendo este el criterio para vincularlos y no sus conocimientos o experiencia, con el evidente detrimento que ello implica para la prestación de los servicios de la alcaldía. Es así como han venido chantajeando y pisoteando la dignidad de profesionales que le han servido a la ciudad con vocación y compromiso durante años.
Estas decisiones arbitrarias y clientelistas están rompiendo los procesos construidos durante años entre la alcaldía y la comunidad, en este caso poniendo en riesgo la prestación de los servicios educativos para niñas, niños y jóvenes de la Medellín. Las consecuencias van desde problemas en la operación de Buen Comienzo, reducción del presupuesto para el PAE y deficiencias en la prestación de servicios de acompañamiento psicológico a menores en los colegios, hasta el avanzado deterioro de la infraestructura física de instituciones educativas.
Albert Corredor es señalado como la persona elegida por Daniel Quintero para sucederlo; y ha sido denunciado públicamente en medios como El Colombiano, Caracol Radio e IFM Noticias, por enviar mensajes de texto a personas sin su consentimiento, por ofrecer becas de su institución a cambio de votos para las elecciones del CMJ en Medellín, por los contratos que la alcaldía tiene con la empresa de su familia, y por certificar su propia tesis y la del alcalde Quintero siendo miembro de la junta del college de Miami que aprobó dichas tesis.
Señor Corredor: respete a los funcionarios de la Secretaría de Educación, la ciudad les paga por su conocimiento y por su experiencia, y para que sirvan y le presten servicios a la comunidad, no para que lo respalden políticamente bajo presiones y coacciones. Son muchos los ojos haciendo veeduría y recolectando pruebas sobre las irregularidades que se han presentado, no vamos a permitir que use los recursos públicos para financiar sus intereses personales.
