Desde que el gobierno de Gustavo Petro se posesionó, se ha discutido sobre manera el tema de la reforma tributaria; tan es así, que fue el tema central de la Asamblea Anual de la ANDI el pasado mes de agosto. Dentro de las discusiones que se han presentado, se ha discutido mucho cómo esta reforma tributaria tendría efectos negativos en las empresas y en la generación de empleo, tomando como base que la empresa es un eje articulador que permite cerrar esas brechas de desigualdades y crear oportunidades para quienes más lo necesitan.

Sin embargo, esta semana la reforma tributaria radicada, y que actualmente se encuentra en discusión en el Congreso, generó una gran discusión en torno a las implicaciones que generaría en las startups. Esto ha generado todo tipo de discusiones e, incluso, dos de los emprendedores más reconocidos de Colombia (Fredy Vega y Alex Torrenegra) crearon un espacio donde más de 3.500 personas se conectaron a escucharlos acerca de su visión sobre las implicaciones que la tributaria podría generar en el emprendimiento.

La problemática radica en torno al impuesto al patrimonio y cómo el cálculo de este puede afectar a los emprendimientos, ya que los métodos de financiación y de valoración de este tipo de empresas se da con proyecciones futuras. Estas proyecciones tienen múltiplos millonarios, lo que afectaría que los fondos de inversión y/o de capital inviertan en StratUps domiciliadas en Colombia, ya que estarían sujetas al pago de este impuesto, desincentivando este tipo de inversiones. A este impuesto se le ha denominado “el impuesto anti -startup”.

Desde hace unos años, Colombia se ha posicionado como uno de los tres grandes actores en el ecosistema del emprendimiento en latinoamérica; las MiPymes hacen parte de un gran porcentaje de las empresas en Colombia y su impacto en la economía y generación de empleo es clave. En ese sentido, el hecho de crear impuestos como este, sin conocer cómo funciona el mundo de las startups, generará un impacto negativo para la economía colombiana. A su vez, muchos de los emprendedores están buscando crear empresas en el exterior o salir del país con miras a facilitar la búsqueda de inversión.

Ojo, es importante anotar que, incluso antes de esta reforma, se daba de manera casi natural que los inversionistas extranjeros solicitaran a los emprendedores colombianos crear sociedades por fuera (por ejemplo Delaware, en EEUU) para poder realizar la inversión; sin embargo, reformas como las que se plantean harían que este fenómeno creciera considerablemente y, por ende, afectaría el impulso del emprendimiento como eje de la economía colombiana.

En artículos pasados hice mención expresa al hecho de que me preocupaba mucho que ninguno de los candidatos presidenciales se tomó en serio el emprendimiento y que se hablaba poco o nada de este en sus propuestas, asunto que es más  evidente en la actualidad. El emprendimiento debe ser una política pública, es decir, debe dejar de depender del gobierno de turno y ser transversal, para que podamos lograr apalancarnos y aprovechar el reconocimiento que tiene Colombia en el mundo de las startups, lo que nos permitirá verlas como motor para generar empleo, equidad e igualdad, que es lo que busca en este caso el gobierno Petro.

Es preocupante la forma cómo se ha abordado el tema desde el gobierno nacional pues los ministros, y en especial el director de la DIAN, han dejado en evidencia en sus declaraciones que no conocen el ecosistema del emprendimiento,  ecosistema que puede generar muchas oportunidades para el país.

Debemos esperar el resultado final de esta reforma en su paso por el Congreso, pero sería vital que el gobierno se sentara a conversar con líderes del emprendimiento, fondos de inversión, programas de aceleración, ángeles inversionistas y todos los actores que hacen parte del ecosistema, para que no se afecte de esta manera el emprendimiento y se utilice como un eje articulador de oportunidades.