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El ministro de educación designado por el Presidente Gustavo Petro, anunció hace algunos días que el próximo 12 de agosto los colegios y escuelas públicas se sumarán al listado de instituciones públicas y privadas que han recibido el legado de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Alejandro Gaviria, en un mensaje corto en redes sociales, dijo que conocer las verdades y enfrentar incluso aquellas incómodas, es una necesidad para avanzar en el propósito nacional de la reconciliación. La polémica nacional no se hizo esperar y los ataques de algunos sectores en contra de esa iniciativa no cesan.
Hace varios años acompaño cursos de derecho constitucional colombiano en una universidad privada de la ciudad. Un espacio que me llena de oxígeno profesional, que me permite conocer la opinión actualizada de los estudiantes sobre los problemas del país, sus causas, sus preocupaciones, sus certezas y sus preguntas, pero también me permite dame cuenta de los vacíos que tenemos en el conocimiento de nuestra historia nacional y local. Y no me refiero a los referentes históricos de los que todos, con imprecisiones, tenemos bases comunes: la guerra independentista, o los cinco o seis apellidos de próceres que lideraron los nacientes ejércitos e instauraron el inicio de la República, sino a la historia reciente, a la del siglo XX, y en especial a los últimos 60 o 70 años del conflicto armado colombiano.
Los estudiantes de pregrado que rondan los 20 años de edad no vivieron el último proceso constituyente y lo tienen como un referente lejano. No se les habló de procesos de negociación de paz anteriores al del gobierno de Juan Manuel Santos y por eso les parece una novedad histórica que un gobierno negocie la paz con una guerrilla, no conocen versiones diferentes de la guerra de carteles a las que ofrecen las series dramatizadas de televisión, y no profundizaron sobre los estragos de la violencia perpetrada por guerrillas y paramilitares en zonas rurales y algunas urbanas del país. Cada que me enfrento a conversar con los grupos de estudiantes sobre los antecedentes políticos y sociales que dieron lugar al momento de cambio constitucional de 1991, siento que en sus cabezas se hace difícil dimensionar ese horror que significó la guerra entre carteles, de las guerrillas contra el Estado, de paramilitares contra guerrillas, de milicias urbanas de las guerrillas contra bloques urbanos paramilitares, de los carteles contra el Estado, del Estado contra él mismo en muchos niveles y estamentos, en fin, las complejidades que los que estuvimos de alguna manera más cercanos en tiempo y edad pudimos ver, seguir en medios, o desafortunadamente para algunos, experimentar con la propia existencia.
Y no es su culpa. A nosotros nos pasa con referentes históricos más distantes pero de igual importancia para entender el conflicto colombiano y el país que hoy habitamos. Cuando yo converso con compañeros con los que compartí en el colegio o la universidad, se hace muy complejo reconstruir lo que ocurrió en la época de la violencia luego de 1948, o entender y narrar correctamente la dictadura militar que vivimos en los años 50, la instauración del frente nacional y los posteriores procesos democratizantes. No se nos habló tampoco en el colegio o en la universidad con detalle sobre nuestra historia, sobre nuestras verdades, sobre nuestros dolores y pendientes como sociedad.
Es por ello que la propuesta del Ministro Gaviria tiene hoy más sentido que nunca. Parte de las obligaciones normativas y morales de la Comisión de la Verdad radican en el valor de su legado y en la necesidad de difundirlo para el conocimiento de todos. No tendría sentido impedirle a colegios y escuelas abrir las puertas a esta conversación nacional. ¿A qué le tememos como sociedad? Este es un esfuerzo de reconstruir verdades, algunas verdades que son importantes para ese propósito de reconciliación del que habla el ministro. Pero también es un llamado para que continuemos en el esfuerzo de complementarlas y escuchar otras verdades que por una u otra razón no hayan quedado recogidas en el informe final. Que comience y ojalá nunca termine esta conversación sobre las verdades que necesitamos para reconciliarnos, y que sigan teniendo el lugar necesario en el modelo educativo público y privado del país.
