La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) enfrenta una reducción de $181.402 millones en el presupuesto de 2027. Aunque el Gobierno anunció que expedirá el presupuesto por decreto, tomando como base el texto aprobado en primer debate, la discusión sobre los recursos del tribunal dejó algo claro: hay sectores políticos que siguen cuestionando su existencia y sus resultados.
Me conflictúa la facilidad con la que personas que no han tenido que buscar a un familiar desaparecido, que no han tenido que reconstruir sus vidas después de la violencia o que no han tenido que convivir con las consecuencias del conflicto se sienten autorizadas para reducir una institución de esta naturaleza a una discusión sobre cuánto cuesta. Como si la paz pudiera liquidarse en una hoja de Excel y la reparación de las víctimas fuera un gasto prescindible.
La JEP nació del Acuerdo de Paz de 2016, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, para investigar y juzgar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado. No es una institución improvisada ni un capricho político. Su creación responde a la necesidad de esclarecer una violencia que durante décadas dejó a miles de familias sin respuestas y a un país acostumbrado a enterrar a sus muertos sin saber quiénes los había asesinado ni por qué.
Hablemos de los falsos positivos. Durante años, la cifra que conocimos fue de 6.402 víctimas, pero la investigación de la JEP amplió el periodo analizado y llegó a identificar 7.837 víctimas de ejecuciones extrajudiciales entre 1990 y 2016. La cifra crece porque aparecen nuevos elementos y se reconstruyen hechos que durante años permanecieron ocultos. No son números para alimentar una disputa partidista. Son personas asesinadas ilegítimamente y presentadas como bajas en combate, familias que merecen saber qué ocurrió y responsables que deben responder por sus actos.
A la fecha, los macrocasos y las investigaciones abiertas por el tribunal abarcan alrededor de 840.000 víctimas del conflicto armado. Detengámonos un momento en esa cifra. La JEP ha recibido más de tres billones de pesos desde 2018, según los datos presentados en el debate presupuestal. Si dividiéramos esa suma entre esas 840.000 víctimas, hablaríamos de aproximadamente 3,57 millones de pesos por víctima durante todo ese periodo. Es un ejercicio ilustrativo, no una fórmula para distribuir el presupuesto ni una medida de reparación individual. Pero sirve para preguntarnos algo: ¿cuánto vale recuperar a un hijo desaparecido?, ¿cuánto cuesta devolverle la tranquilidad a una familia que lleva décadas buscando respuestas?, ¿cuánto dinero repara una vida arrebatada? Ni siquiera esos billones alcanzarían para responder al dolor que dejó la violencia. Y, aun así, hay quienes pretenden que la discusión se agote en cuánto cuesta mantener la institución que busca esclarecerla.
Que la JEP deba rendir cuentas no está en discusión. Sus contratos, desplazamientos y gastos deben ser transparentes, y sus resultados tienen que evaluarse. Lo que me cuesta entender es que algunos congresistas presenten sus cuestionamientos como si el tribunal no hubiera producido resultados, desconociendo el trabajo de investigación, reconocimiento y búsqueda que ha desarrollado. La justicia restaurativa no consiste en perdonar a los responsables y dejarlos seguir con sus vidas. Exige verdad, reconocimiento de responsabilidades, reparación y garantías de no repetición. La justicia ordinaria tampoco ha conseguido esclarecer por sí sola todos los crímenes de una guerra que atravesó generaciones y territorios enteros.
Las audiencias de reconocimiento, los procesos restaurativos y la búsqueda de desaparecidos no son paseos ni actividades innecesarias. Son parte de una justicia que intenta responder preguntas que durante décadas quedaron abiertas. En el caso de Casanare, por ejemplo, las investigaciones sobre personas desaparecidas y presentadas como bajas en combate muestran por qué es necesario reconstruir los hechos, establecer responsabilidades y escuchar a las familias. Para quienes llevan años buscando a sus seres queridos, conocer la verdad no es un resultado menor.
Y esta discusión no se puede separar de lo que está pasando con la memoria en Colombia. Las controversias alrededor del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y las decisiones políticas sobre qué expresiones artísticas deben permanecer en el espacio público me preocupan porque parecen partir de una misma pregunta: ¿quién decide qué debe recordar el país y qué puede borrar de su historia? El monolito del Centro de Memoria no está ahí para decorar una ciudad. Es un memorial que representa el duelo de miles de víctimas y la necesidad de reconocer nuestra historia violenta. ¿También vamos a demolerlo porque nos incomoda lo que representa?
La JEP utiliza las instalaciones y plataformas del Centro de Memoria para desarrollar audiencias, transmisiones y diálogos pedagógicos relacionados con la verdad, el reconocimiento de responsabilidades y la no repetición. La memoria y la justicia transicional están conectadas: sin preservar lo ocurrido, sin escuchar a quienes sobrevivieron y sin reconocer a quienes fueron asesinados, difícilmente podremos construir una sociedad que no repita su historia.
Esto no se trata de traer a Álvaro Uribe al banquillo de los acusados, como pretenden simplificar algunos la discusión. Se trata de que ninguna persona esté por encima de la obligación de esclarecer los crímenes y responder ante la justicia cuando corresponda. Tampoco se trata de darle a la JEP un cheque en blanco. Se trata de entender que una institución puede y debe ser vigilada sin desconocer el propósito para el que fue creada.
La JEP fue concebida para funcionar durante quince años y lleva ocho. No podemos exigir que resuelva en ese tiempo todas las heridas de una guerra que duró décadas, aunque sí debemos pedirle resultados y cumplimiento de sus obligaciones. Mientras discutimos sus costos, hay madres que siguen buscando a sus hijos, niños y niñas que crecieron con familias destruidas y comunidades que hoy enfrentan nuevas formas de violencia y reclutamiento. ¿De verdad creemos que debilitar las herramientas para esclarecer el pasado nos ayudará a resolver esas heridas?
Entiendo a los congresistas que exigen explicaciones sobre los recursos públicos. Lo que me cuesta aceptar es que la preocupación por el presupuesto termine pesando más que la obligación de escuchar a las víctimas. Todos los días convivimos con dolores que no sabemos cómo perdonar y, aun así, tenemos el atrevimiento de decidir cómo deberían repararse los demás, cuánto deberían costarnos sus heridas y cuándo tendrían que dejar de hablar de ellas.
En un país con tanta violencia, la JEP es necesaria. Podemos discutir su gestión, exigir transparencia y corregir sus fallas, pero no podemos convertir esas discusiones en una excusa para desconocer su papel restaurador ni para cerrar los ojos ante las verdades que todavía faltan por conocer.
Hay futuro si hay verdad.
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