Para escuchar leyendo: Sólo le pido a Dios, León Gieco.
No muy lejos de vos, no muy lejos de mí, hay una verdad difícil de asimilar, difícil de creer, difícil de entender: En Antioquia hay hambre.
La pandemia dejó una herida abierta en la mesa de los hogares antioqueños: la inseguridad alimentaria se convirtió en una problemática estructural. El precio de los alimentos aumentó un 71% entre 2019 y 2024, y hoy son más los antioqueños que padecen inseguridad alimentaria que los que están en pobreza monetaria (27,9% frente a 24,7%, según el DANE). El panorama es aún más crítico en la ruralidad, donde un 32% de los hogares reporta no tener suficiente comida, frente al 27% en las ciudades.
El Informe de Calidad de Vida 2024 de Antioquia Cómo Vamos, lanzado ayer en Entrerríos, muestra que el hambre no es solo un dato estadístico: en 2024 se identificaron 2.547 casos de desnutrición aguda en menores de cinco años, con focos críticos en Urabá, el Nordeste y el Magdalena Medio. Sin embargo, también revela luces: gracias al Plan Centinela, una estrategia de la Gobernación de Antioquia para la vigilancia activa de casos y atención temprana, se logró recuperar al 80% de los niños detectados, aunque preocupa que el 22% correspondiera a reincidencias. En mortalidad infantil por desnutrición también hay señales de mejora: tras un pico de 17 muertes en 2023, la cifra bajó a 14 en 2024 y, a septiembre de 2025, se reportan igualmente dolorosos 3 casos, principalmente en Urabá.
Estos avances no son casualidad. El actual Gobierno Departamental tiene a la seguridad alimentaria como uno de sus principales legados para Antioquia, por eso ha ampliado programas de apoyo nutricional y ha destinado parte del recaudo del impuesto vehicular a financiar estrategias que logren prevenir, atender y recuperar, mostrando que la política pública puede traducirse en vidas salvadas. Pero los retos siguen siendo enormes: los niveles de hambre en Antioquia están por encima del promedio nacional y afectan de manera desproporcionada a los hogares rurales, a las mujeres y a los niños (¡Y ojo con Medellín!).
La lucha contra la inseguridad alimentaria no se resuelve con ayudas puntuales, sino con una política integral que combine producción local de alimentos, sistemas de logística y distribución -porque escandaliza que en municipios productores el hambre impere-, precios justos, educación nutricional y protección social. Antioquia viene demostrando que, con herramientas como el Plan Centinela y la inversión social, es posible contener la tragedia. El reto de todos, de todos, es sostener el esfuerzo y no permitir que el hambre vuelva a crecer en silencio.
¡Ánimo!
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