El reciente atentado en Cali no es un episodio aislado. Es el reflejo de la transformación de las dinámicas criminales en Colombia, donde la violencia urbana se entrelaza con conflictos regionales, economías ilegales y reacomodos estratégicos de grupos armados. Cali –por historia, ubicación y tamaño– ha estado desde hace décadas en ese tablero. Pero hoy, su papel es aún más delicado.
Cali es el nodo urbano más importante de la región y, por eso, se convierte en un escenario estratégico para los grupos armados que operan entre el norte del Cauca, el sur del Valle y municipios como Tuluá. Desde hace años, esta convergencia ha facilitado la entrada de estructuras que combinan economías ilegales, control territorial, alianzas transitorias y capacidad de fuego.
Desde comienzos de año, las autoridades locales han dado señales claras de compromiso. La Alcaldía y la Gobernación han insistido en la necesidad de reforzar el pie de fuerza, han promovido y apoyado operativos que permitieron capturar cabecillas de estructuras criminales y han activado espacios de coordinación institucional. Pero los hechos violentos persisten. Y el mensaje que queda es el de una institucionalidad local que resiste, pero que aún espera un respaldo nacional más decidido, constante y estratégico.
Esa falta de respaldo se evidencia, por ejemplo, en la desconexión del Gobierno Nacional frente a las alertas tempranas. Las capacidades de inteligencia del Estado para anticipar estos ataques están fallando de forma recurrente. ¿Por qué no se logran activar mecanismos preventivos a tiempo? ¿Dónde se están rompiendo las cadenas de articulación? ¿Por qué cuesta tanto traducir las advertencias de las autoridades regionales en respuestas integrales?
Cali necesita respaldo nacional sostenido y una estrategia más robusta para el suroccidente del país. Ya son varias las voces expertas que advierten sobre la urgencia de comprender mejor las conexiones entre los actores armados, las economías ilegales y los territorios urbanos. No se trata solo de capturar a los responsables del último atentado, sino de prevenir el próximo.
En esa prevención, la inteligencia tiene que dejar de ser reactiva y convertirse en herramienta anticipatoria, conectada con los territorios, con quienes conocen las dinámicas locales y están leyendo las señales de alerta. Porque la seguridad de Cali no puede depender de un decreto más escrito desde Bogotá: se construye con los territorios, con presencia efectiva, articulación real y confianza mutua.
Lo que está en juego no es solo la seguridad de Cali, sino el rumbo de la política de seguridad urbana en Colombia. Actuar con lentitud o desde diagnósticos descontextualizados aumenta el riesgo de repetir errores del pasado. Cali no puede, ni debe, enfrentar sola esta etapa de la violencia.
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