Cuando se habla de transición energética es común mencionar lo que muchos llaman sus pilares: Digitalización, Descarbonización, Descentralización y Democratización.
La primera tiene como objetivo fundamental la sustitución de los medidores de energía eléctrica, estableciendo como meta que para el año 2030 se haya reemplazado el 75 % de los medidores de los usuarios actuales; es decir, alrededor de 14,5 millones de equipos, de los cuales, a la fecha, se estima que se han cambiado menos del 10 %.
La segunda busca sustituir las fuentes fósiles por el uso de energía eléctrica u otras alternativas, como la biomasa. En este campo, la energía solar ha sido la protagonista, aunque aún se encuentra muy lejos del ritmo necesario para alcanzar la ambiciosa meta de reducir en un 51 % las emisiones de gases de efecto invernadero para ese mismo año.
En cuanto a las otras dos “D”, la Descentralización hace referencia a diversificar el proceso de generación de energía, que en el caso de Colombia sigue concentrado en grandes proyectos hidroeléctricos y respaldado por plantas que operan con combustibles fósiles, lo cual puede representar aproximadamente el 35 % del costo total de cada kilovatio.
Por otro lado, la Democratización, que según el gobierno consiste en “garantizar que todos tengan acceso a energía limpia, asequible y sostenible, empoderando a las comunidades y fomentando la participación ciudadana en la gestión y producción de energía”, me genera cierta duda: no entiendo en qué momento un servicio público básico dejó de concebirse como un bien común, y me resulta agotador que se utilice como un eslogan político vacío. Sin embargo, sí estoy de acuerdo en que, como usuarios, necesitamos contar con más herramientas y mecanismos de participación.
Es precisamente en la Descentralización y la Democratización donde el gobierno actual ha izado una bandera: la de las comunidades energéticas, que en términos generales se definen como “un grupo organizado de usuarios o potenciales usuarios de servicios energéticos —personas naturales o jurídicas— que se asocian para generar, comercializar o usar eficientemente la energía mediante el uso de fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER), combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos”. En palabras más simples, se trata de permitir que los usuarios se asocien y puedan generar y comercializar energía eléctrica de manera comunitaria.
De mi parte, reconozco el mérito de este gobierno por poner en primer plano el concepto de “comunidades energéticas”, pero dejo claro que no es un invento suyo: ni como término —pues ya se venía utilizando en Europa desde hace varios años—, ni como estrategia, ya que la Constitución de 1991, en su artículo 365, establece que los servicios públicos, como la energía eléctrica, pueden ser prestados por empresas públicas, privadas o comunidades organizadas. Aun así, le concedo el mérito de “remasterizar” el protagonismo de las comunidades como agentes con nuevas posibilidades en el mercado energético, más allá del simple papel de consumidor.
No obstante, esto también ha sido una muestra más de la improvisación energética de este gobierno. Aunque la iniciativa quedó aprobada en el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026, solo hasta abril de este año se expidió la Resolución 101072 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), que reguló la integración de las comunidades energéticas al Sistema Energético Nacional, introduciendo nuevas figuras para promover la autogeneración colectiva, la generación distribuida colectiva y su participación operativa y comercial en el sistema eléctrico colombiano.
Y aunque las comunidades energéticas son una estrategia interesante y con grandes posibilidades en un país como Colombia —iniciando por las Zonas No Interconectadas, es decir, aquellas zonas aisladas donde rara vez se cuenta con energía durante las 24 horas del día y que muchas veces dependen del diésel (ACPM) como fuente energética—, lo que ha sido el foco mediático del gobierno actual, no puede convertirse en la estrategia energética de un país que cada vez percibe más cerca una crisis en este sector.
De ninguna manera pretendo desmeritar el desarrollo de estrategias y proyectos para poblaciones energéticamente vulnerables; es más que necesario, incluso mandatorio para este y cualquier gobierno, pues sin energía es imposible el desarrollo de una población. Pero sí quiero dejar claro que las comunidades energéticas, tal como hasta ahora se han presentado al país, no son más que escaramuzas ante el verdadero reto energético.
Colombia necesita más y más comunidades energéticas, generación descentralizada, uso eficiente de la energía y un mejor aprovechamiento de los recursos. Somos más que agua y sol. Pero para lograrlo es necesario construir un marco técnico y financiero estable que permita a diferentes agentes desarrollarlo, ya que para nadie es un secreto que ni este, ni ningún gobierno venidero podrá hacerlo únicamente con los recursos disponibles. Aplaudo, entonces, la idea de comunidades energéticas, pero ¿qué tal si nos ponemos serios? Nuestro problema no se resuelve únicamente con unos paneles solares en la tienda del barrio.
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