La semana pasada, en el pequeño mundo de Twitter, varias personas estuvieron criticando a la Jurisdicción Especial para la Paz. Algunos dijeron que, luego de una inversión billonaria y diez años de operación, “la JEP no ha tenido ningún resultado”. Otros afirmaron que el tribunal es un brazo político de las FARC, cuyos pronunciamientos siempre favorecen los intereses de esa guerrilla desmovilizada.
Lo primero que hay que decir es que no es cierto que la JEP lleve operando diez años. El tribunal especial para determinar los responsables del conflicto armado en Colombia comenzó a operar en marzo de 2018. Este año, entonces, completó siete años de funcionamiento, no diez como se dijo y se reiteró en Twitter. Lo segundo es que, aunque aún no ha emitido ninguna sentencia, es falso afirmar que este tribunal no haya tenido ningún resultado.
Esclarecer las responsabilidades del conflicto armado en Colombia, con su larga historia de dolor, no es como resolver un pleito de linderos. Gracias a la acción de la JEP, las víctimas de las FARC han escuchado a Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Carlos Antonio Lozada reconocer su responsabilidad por secuestro, reclutamiento de menores y demás crímenes que cometieron. Hemos visto a militares admitir su responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales y a sus víctimas confrontarlos cara a cara. Escuchamos el testimonio de Gloria Lucía López, madre de Érika Viviana Castañeda —quien fue asesinada y presentada como baja en combate por el Ejército de Colombia—, dar su testimonio y confrontar al exgeneral Mario Montoya, presunto responsable de ese hecho.
Por cuenta de la JEP, vimos a Jesús Mario Arenas alias “Marcos Urbano” sentado al frente de Máximo Enrique Quiroz, reconociendo su responsabilidad por los secuestros cometidos por el Bloque Noroccidental de las FARC. Conocimos —gracias al testimonio del sargento segundo William Capera— que, en el cementerio de Dabeiba, Antioquia, habían sido enterradas víctimas de falsos positivos. Una medida cautelar emitida por la JEP permitió que, en La Escombrera, en la comuna 13 de Medellín, se dejara de arrojar material, lo que hizo menos difícil la búsqueda de los cuerpos reclamados por muchas madres de la zona. Hoy, luego de un gran trabajo y de una decidida inversión pública, se han recuperado seis de ellos.
Se puede criticar la falta de celeridad del tribunal. Reconociendo la complejidad de su tarea, es fundamental que la JEP avance en las sentencias por los crímenes cometidos durante el conflicto armado. Pero decir que, tras diez años de operación —que en realidad son siete—, la JEP no ha tenido ningún resultado, parece menos un análisis fundamentado y más una afirmación ideológica, de mala fe, que busca poner en entredicho la arquitectura institucional para la paz.
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