De acuerdo con la Ley 142 de 1994, o Ley de Servicios Públicos, se establece, entre otras cosas, que el Estado es responsable de: “Garantizar la calidad de los servicios públicos, la ampliación permanente de la cobertura de los mismos, la prestación continua e ininterrumpida —salvo causa de fuerza mayor—, la prestación eficiente, la libertad de competencia y la no utilización abusiva de la posición dominante”, entre otros aspectos.
Sin embargo, cada vez es más visible que en Colombia, por lo menos en términos energéticos, la gestión del gobierno para cumplir estas obligaciones se ha venido quedando corta. Para nadie es un secreto que el fantasma de una recesión energética es bastante probable, que la disponibilidad de gas viene en caída y que los proyectos están tardando mucho más tiempo del presupuestado. O que el gobierno actual ha intentado tomar decisiones arbitrarias, como sustituir funciones de la CREG o bajar el precio de la energía a pupitrazos.
Pero no solo es eso. De acuerdo con el último informe presentado por la UPME sobre el ICCE (Indicador de Cobertura de Energía Eléctrica), el promedio nacional disminuyó del 93,1 % al 92,7 %, siendo la zona rural la más impactada, donde esta cobertura pasó del 83,2 % al 73,7 %. La falta de infraestructura es una de las principales razones por las que no se ha logrado llegar hasta estas zonas.
Y aunque hasta aquí pareciera que estamos en esta situación solo por causa de los diferentes gobiernos —porque no ha sido responsabilidad exclusiva del vigente—, me parece importante aclarar que también nosotros como usuarios hemos contribuido a esta crisis. Muestra de ello son las preocupantes cifras presentadas por el PROURE, donde de cada 100 unidades de energía consumidas por el país, solo el 31 % son útiles. Es importante aclarar que esta cifra obedece al consumo de todos los energéticos: energía eléctrica, biomasa y combustibles fósiles.
Poniendo esto sobre la mesa, quiero dejar claro que los usuarios sí tenemos responsabilidad en el uso de los recursos energéticos y, por ende, en el precio de los mismos. Y es que se nos olvida que el apellido “público” no significa solo que es del Estado, sino también que nos afecta a todos.
¿Qué podemos hacer como usuarios podemos hacer para tener impactos reales en la tarifa de servicios públicos? Empecemos por entender qué nos cobran en la factura que recibimos cada mes o cada dos meses. ¿Cuándo fue la última vez que revisó de verdad su factura de servicios públicos? Por ejemplo, las pérdidas no técnicas —asociadas a conexiones fraudulentas o ilegales— las terminamos pagando todos. Es decir, somos los patrocinadores del vecino que tiene una conexión ilegal.
¿Sabe usted cómo consume energía? ¿Cuáles son sus principales consumidores energéticos? Ser consciente del comportamiento y los hábitos de consumo es otra de las medidas que podemos implementar como usuarios. Una muestra real de que esto funciona es el impacto que ha tenido la medida de energía prepago, pues se estima que, con su implementación, el consumo energético de estos hogares se ha reducido en más de un 14 %. Y es que los usuarios más informados siempre tomarán mejores decisiones. Es cierto que avanza un programa de cambio de medidores, a ritmo gubernamental, para que como usuarios podamos tener más información, pero también es cierto que hoy se pueden adquirir medidores a bajo costo y así gestionar directamente nuestros consumos.
Por otra parte, el cambio paulatino de equipos ineficientes (viejos) por equipos más eficientes —desde el reemplazo de una bombilla por una LED, hasta la sustitución de equipos industriales o, al menos, la implementación de sistemas de control— impactará la cantidad de energía que demandamos y, por ende, lo que nos llega en la factura.
Por último, desde la emisión de la Resolución CREG 030 de 2018, todos tenemos el derecho a ser AGPE (Autogenerador a Pequeña Escala); es decir, se nos permite, como usuarios, generar energía eléctrica en sitio e incluso entregar excedentes a la red. Esto es, nada más y nada menos, lo que permite que, al instalar un sistema solar fotovoltaico, no solo se pueda disminuir el consumo de energía de la red al generar parte de la que requerimos, sino que si el sistema genera más de lo que necesitamos, podamos cruzar esta energía y que nos sea reconocida en la factura de servicios públicos.
Es cierto, entonces, que tenemos un reto energético que no es menor y para el que todavía no hemos desenmarañado el camino. Pero también que no es solo responsabilidad del gobierno y que todos tenemos la posibilidad de impactar, con la gran ventaja de que hacerlo se verá reflejado mensualmente en lo que pagamos. Si puede generar parte de su propia energía, si puede medir mejor su consumo, si puede ajustar hábitos, ¡hágalo! Porque la crisis energética es responsabilidad de todos.
Otros escritos de este autor: https://noapto.co/julio-betancur/
