Cuando se pronuncia “trata de personas”, en muchos imaginarios se activa de inmediato una escena de película: un padre desesperado busca a su hija, raptada por una red internacional que la ha subido a un barco rumbo a otro país. Aunque este tipo de casos existen y siguen ocurriendo —en todas las modalidades del delito—, limitar la comprensión de la trata a esa escena cinematográfica impide dimensionar su verdadera magnitud. En ciudades como Medellín, la trata está más cerca de lo que creemos.
La trata de personas es un delito sancionado internacionalmente por tratarse de una forma moderna de esclavitud y explotación. En Colombia, el artículo 188A del Código Penal la define como la captación, transporte, acogida o recepción de una persona con fines de explotación, ya sea dentro del país o hacia el exterior. La ley señala que esa explotación puede manifestarse en la prostitución ajena, los trabajos forzados, la esclavitud, la mendicidad ajena, el matrimonio servil, la extracción de órganos, el turismo sexual, entre otras formas. Y advierte algo clave: el consentimiento de la víctima no exime de responsabilidad penal.
En 2024, Colombia registró el mayor número de víctimas en su historia reciente: 436 casos, según el Ministerio del Interior. Desde 2008, la cifra total asciende a 2.339 víctimas, y una quinta parte de ellas corresponde solo al último año. Del total, el 74 % son mujeres. Para 2025, el panorama no mejora: en lo corrido del año, ya se reporta un incremento del 60 % frente al año anterior. Aunque el país cuenta con una legislación robusta en esta materia, el esfuerzo estatal en prevención, persecución del delito y reparación de las víctimas está lejos de ser proporcional a la magnitud del problema.
En Medellín, la infraestructura turística ha normalizado esta forma de explotación. Basta con observarlo: bares de striptease que presumen de sus limusinas, en las que mujeres y niñas en contextos de prostitución son transportadas con promesas de dinero rápido; estudios webcam que fungen como intermediarios entre tratantes y jóvenes vulnerables; la aceptación social casi acrítica del prepago; las aplicaciones de citas en las que mujeres y niñas son ofrecidas como mercancía. Todo esto encaja en el delito de trata, pero se vive como parte del “folclore” urbano.
Si bien las instituciones tienen la responsabilidad principal en la erradicación de este crimen, la sanción social y el rechazo ciudadano serían más eficaces si al menos empezáramos a ver con otros ojos la explotación sexual: la modalidad más común y, al mismo tiempo, la más ignorada.
Este 30 de julio, la Red Feminista Abolicionista de Medellín realizará un cineforo para reflexionar sobre estas realidades que preferimos no mirar. Será a las 6:00 p. m. en el Gastrobar Wiqu (Cra. 45 #70A-24, Manrique Central II), uno de los barrios más golpeados por esta problemática.
La invitación está abierta para quienes quieran pensar con más humanidad y urgencia.
Un llamado a quienes estén en la disposición de escuchar y organizarse.
Otros escritos de esta autora: https://noapto.co/sara-jaramillo/
