En tiempos de criminalidad urbana compleja, recursos institucionales limitados y una ciudadanía hiperconectada, la tecnología se ha vuelto una condición necesaria –aunque no suficiente– para garantizar la seguridad ciudadana. No es una varita mágica, pero tampoco puede verse como un lujo o una simple herramienta complementaria. Su ausencia deja al Estado mal armado frente a redes criminales cada vez más adaptadas a los retos tecnológicos de la actualidad y al ciudadano expuesto no solo a la inseguridad, sino también a la indiferencia institucional.
Primero, la tecnología amplifica las capacidades del Estado. En contextos donde no hay suficiente pie de fuerza o donde el crimen se mueve con mayor velocidad que la burocracia, herramientas como la videovigilancia, los drones o los sistemas de análisis predictivo permiten focalizar patrullajes, anticipar comportamientos delictivos y mejorar la gestión de emergencias. No reemplaza al policía, pero lo potencia. En otras palabras, la tecnología amplía el alcance de la presencia estatal sin necesidad de desplegar en el territorio más personal.
Medellín ha implementado con éxito un sistema de cámaras LPR (lectores automáticos de placas) que permite identificar vehículos robados, cruzar esta información con bases de datos judiciales y activar alertas inmediatas para patrullas en terreno. Esta herramienta ha sido determinante para golpear estructuras criminales dedicadas al hurto de automotores y fortalecer la capacidad operativa de la Policía Nacional.
En esa misma línea, la ciudad anunció recientemente la construcción de su Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5), una infraestructura de última generación que integrará en tiempo real datos provenientes de cámaras, drones, Sistemas de Alertas Tempranas y líneas de emergencia. Esta apuesta busca no solo mejorar la coordinación interinstitucional, sino también anticipar riesgos, reducir los tiempos de respuesta y tomar decisiones con base en evidencia.
En Bogotá, por su parte, se ha desplegado una red de más de 8.000 cámaras de videovigilancia, muchas con capacidades de analítica avanzada como reconocimiento facial y seguimiento de trayectorias sospechosas. Además, la ciudad ha comenzado a utilizar drones en zonas críticas como complemento a los operativos y para reforzar la vigilancia preventiva en áreas de difícil acceso.
Segundo, la tecnología reduce la arbitrariedad y mejora la trazabilidad. Cuando las actuaciones de los agentes de seguridad quedan registradas –ya sea a través de bodycams, plataformas de denuncia digital o bases de datos interoperables– se fortalece el control interno y externo. El buen policía queda protegido, el mal policía expuesto. Y el ciudadano gana certezas. Además, la trazabilidad no solo protege al buen agente, también protege al proceso democrático.
No es casual que diversas de las reformas policiales más ambiciosas en América Latina giren en torno a la digitalización de procesos y la creación de sistemas abiertos de información. Frente a instituciones que han acumulado décadas de desconfianza ciudadana, la transparencia y la trazabilidad se han convertido en ejes centrales de la legitimidad. Países como Chile, Uruguay y México han apostado por plataformas interoperables que permiten seguir el rastro de una denuncia desde el momento en que se reporta hasta su judicialización, reduciendo espacios para la corrupción, la pérdida de información o la manipulación de evidencias.
Tercero, la tecnología es un puente entre la ciudadanía y el Estado. El ciudadano de hoy exige inmediatez, transparencia y canales accesibles. Si reporta un robo por WhatsApp y recibe respuesta inmediata, se refuerza su confianza. Si interpone una denuncia en línea y no pasa nada durante semanas, la legitimidad institucional se erosiona. La tecnología –bien usada– habla el lenguaje de la gente, reduce las asimetrías de poder y hace más horizontal la relación entre autoridad y comunidad.
Nada de esto sustituye la necesidad de una política de seguridad integral, con prevención social, justicia eficiente y gobernanza territorial. Pero ignorar el papel de la tecnología equivale a pelear una guerra del siglo XXI con herramientas del siglo XX. Invertir en tecnología para la seguridad no es solo una apuesta por la eficacia institucional: es una declaración de compromiso con la democracia y con los derechos del ciudadano a vivir sin miedo.
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